Tecnología

Reino Unido quiere castigar a las empresas que miren hacia otro lado con la piratería

La piratería también invade las ‘app stores’

Theresa May quiere impulsar una reforma que imponga duras sanciones a redes sociales, proveedores de contenidos y empresas digitales por la piratería que sus usuarios hagan en el seno o en relación a sus plataformas.

La piratería es uno de esos temas tabús que generan rechazos y discusiones sin igual en cuanto un regulador trata de poner orden en el asunto. Curiosamente, y como se ha demostrado en los intentos de España por imponer un canon digital para compensar las pérdidas de los creadores por las copias privadas, casi nunca estos esfuerzos dejan a nadie realmente contento.

Y, al margen de que la solución a la distribución ilegal de contenidos parece haber encontrado en plataformas como Netflix o Spotify a su mejor aliado, algunos gobiernos siguen queriendo perseguir las todavía existentes webs de películas, música, juegos o libros pirata. Es el caso de las autoridades británicas, o al menos del partido que ostenta actualmente el poder en las islas.

Y es que, a tenor del documento electoral mostrado por el Partido Conservador, Theresa May planea castigar a todas las empresas digitales, redes sociales y proveedores de contenidos que no logren acabar con la piratería en sus respectivas áreas de actividad. “Vamos a introducir un régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento, dando a los reguladores la posibilidad de multar o procesar a aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones legales, y ordenar la retirada de contenidos donde se viole claramente la legislación del Reino Unido”, indica literalmente el texto.

A la espera de su hipotético desarrollo legislativo, esta norma plantea varias y preocupantes dudas, que se sintetizan en un fallo fundamental de partida: ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales de que la gente comparta contenidos piratas en su seno? Actualmente, este tipo de empresas ya están obligadas por ley a retirar cualquier enlace o documento sujeto a derechos de autor que sea denunciado, así como a contar con sistemas tecnológicos que permitan su detección de forma automática. Sin embargo, parece algo extremo castigar económicamente a estas empresas por no ser capaces de abarcar el infinito número de publicaciones que se realizan a diario, en tiempo real, antes de que se produzca ningún daño contra la propiedad intelectual de ningún artista.

Lo mismo ocurre en el caso de las empresas de base digital y los proveedores de contenidos, víctimas estas últimas de forma directa de la piratería y que, de acuerdo a los principios adelantados por Reuters, podrían verse doblemente perjudicadas: primero por la piratería en sí misma y, luego, porque la víctima no haya perseguido convenientemente al delincuente.

Sobre el autor

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, La Razón, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Business Insider, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo, ganador del Premio Día de Internet 2018 a mejor marca personal en RRSS y finalista en los European Digital Mindset Awards 2016, 2017 y 2018.

1 Comment

  • Es lo que ocurre cuando se vé la cultura como un mero negocio. Y viendo las estupideces que ponen los políticos, respecto a la palabra cultura y lo que entienden por esta, tampoco me extraña mucho…

    Además es típico intentar poner puertas al campo o regular algo de lo que no tienen ni pajolera idea. Especialmente porque desconocen como se crea, gestiona o mantiene una web y como no se puede estar las 24h del día pendiente de lo que hagan sus usuarios.

    Salu2