Muchas personas cuando atraviesan momentos financieros complicados se ven abocadas a declararse insolventes. Se trata de un trago amargo que nadie quiere pasar, pero que es una alternativa para poder salir adelante. Al igual que la Ley de Segunda Oportunidadla declaración de insolvencia tiene unos procesos y algunas implicaciones.

El nuevo régimen de insolvencia se traduce en que las personas naturales no comerciantes que se cuelguen en sus obligaciones financieras tendrán la oportunidad de renegociar sus deudas con sus acreedores antes de que puedan sufrir algún embargo o desahuciadas de sus domicilios. De ahí a que represente un alivio desde el punto de vista de las finanzas, ya que sirve para no arrastrar deudas ante una quiebra inevitable.

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La ley permite a los morosos a acudir ante un Centro de Conciliación, que es habilitado por el Ministerio del Interior y de Justicia, para pedir la solicitud de 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, en aras de entablar una negociación con los acreedores sus obligaciones mediante un proceso extrajudicial, que se regula por un agente de conciliación.

A lo largo de este periodo terminan todos los procesos judiciales contra el deudor y se suspende el cobro de cualquier tipo de interés, cuotas de administración y otros cobros, salvo los relacionados con la alimentación. Así, los activos productivos no pueden embargarse. Se genera la posibilidad de que el deudor realice todo tipo de intercambio de activos para poder acometer cualquier pago.

Requisitos para declararse insolvente

La siguiente cuestión es cuándo una persona tiene la posibilidad de declararse insolvente. En primer lugar, cuando haya incumplido la cancelación de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por un plazo mayor a 90 días. También, cuando cursen en su contra una o más demandas de ejecución o de cobro judicial.

Asimismo, las obligaciones atrasadas deben suponer, al menos, la mitad de la deuda total del deudor. El acuerdo ha de ratificarse por 2 o más acreedores que representen más del 50% de la cantidad que se debe y, en el caso de que se consiga en los primeros 60 días hábiles, no se aplicarán intereses de mora durante ese espacio.

En el caso de que una empresa o un particular autónomo decida declararse insolvente ara entrar en concurso tiene que cumplir 3 requisitos principales:

  1. La deuda no puede superar los 5 millones de euros.
  2. No puede existir una sentencia en firme en contra del deudor durante el año anterior por algún delito relacionado con Hacienda, Seguridad Social, patrimonio o delitos de falsedad documental. La deuda no ha de ser con la Administración Pública.
  3. En definitiva, la insolvencia no es un mecanismo para evitar que las deudas que tengas se hagan efectivas ni para buscar que una condonación de las obligaciones financieras, sino una alternativa para intentar arreglar la situación desastrosa en términos financieros.

Implicaciones

Como punto de partida, la declaración de insolvencia no se traduce en que las obligaciones de pago terminen. Una autoridad competente tendrá que estudiar minuciosamente la situación patrimonial que tiene la persona que ha pedido declararse insolvente. Por tanto, se debe asegurar que el deudor no tiene los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus gastos.

Una de las peores implicaciones que tiene la aceptación de la insolvencia es que esta queda registrada en términos legales, por lo que puede generar problemas a futuro para el insolvente. Al pedir un préstamo, por ejemplo, se enfrentará a una mayor dureza para adquirirlo por parte de las entidades bancarias.

Siguiendo este esquema, la ayuda de un profesional para este tipo de casos es absolutamente relevante. En la legislación española existe un delito de insolvencia punible, por lo que antes de declararse insolvente es necesario estudiar bien la situación financiera que se tiene.

*Artículo original publicado por Héctor Chamizo en Business Insider