ACTA pone en peligro la Neutralidad de la Red

Numerosos gobiernos negocian con bastante secretismo el tratado internacional de obligado cumplimiento para endurecer la legislación sobre propiedad intelectual, el ACTA. Se dirige hacia el modelo que entrega poder de censura a las teleoperadoras.

El Acuerdo contra la falsificación comercial (ACTA por sus siglas en inglés) comenzó a negociarse en 2007 por representantes de la mayoría de la OCDE y otros invitados de Oriente Medio. Su objetivo es “poner un punto de referencia nuevo y más elevado sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual al que los países se puedan unir voluntariamente”. Este nuevo marco, aún en fase de negociación, abarca la propiedad intelectual desde el punto de vista digital (software) y también otro tipo de patentes y marcas.

El secretismo ha puesto en alerta a las agrupaciones de defensa de la libertad en Internet y de la Neutralidad de la Red. Esperan una interpretación severa del concepto “falsificación” que derive en la limitación de la libertad en Internet y en la entrega de poder a la teleoperadoras. La propuesta vigente sigue el modelo en debate en Francia de los tres avisos. Si la compañía que sirve Internet detecta que un usuario ha infringido tres veces un delito de copyright tiene la obligación de cortar su conexión, sin derecho a la réplica ni a la defensa.

La Free Software Foundation (FSF) identifica cuatro riesgos para el software libre si el tratado no se modifica. Entre otras cosas, porque daría lugar al cierre de diversos tipos de páginas web encargadas de la distribución de este tipo de programas. Los equipos de desarrollo de software libre se benefician de las redes P2P para reducir costes de almacenamiento y distribución, permitiendo la supervivencia de este modelo de negocio.

Otros grupos hablan de un subterfugio para la censura de contenidos en Internet, por ejemplo del cierre directo de blogs, apoyándose en el no respeto del copyright de alguna imagen o texto.

La información sobre ACTA no llega a la ciudadanía

WikiLeaks se encargó de sacar a la luz unas negociaciones secretas que continúan sin el conocimiento mayoritario de la población a la que después será aplicada la legislación internacional que se acuerde. Este marco legal general será aprovechado, según los documentos internos, para presionar a grandes países con un sentido de la propiedad intelectual menos exigente y menor persecución policial de estas situaciones como Brasil, China y Rusia.

Sin embargo, no existe una realidad clara sobre contra la que organizarse. La Unión Europea ha arrojado luz al tema a través de una página web sobre ACTA que recoge las definiciones, los objetivos globales y un resumen de contenidos de las rondas de negociación acontecidas hasta la fecha. El flujo de información ha crecido durante este 2010, aunque siempre de carácter superficial.

El desconocimiento de los puntos concretos y de las medidas que se pueden llegar a aplicar crea un estado de incertidumbre que irrita aún más a los defensores de la libertad de Internet. “La cultura de la sospecha”, que cita FSF, arranca con la misma actuación de estos 37 gobiernos implicados.

La necesidad de un marco regulatorio de Internet a nivel global se presenta como un objetivo necesario para una red que ya lo cubre todo. Sin embargo, excluir a los usuarios del debate, ignorar sus prácticas diarias, escuchar sólo a las empresas y endurecer los castigos puede ser el camino más complicado y peligroso a seguir.