Lee Jae-yong es un surcoreano que ronda los 50 años y que, hasta hace poco tiempo, era uno de los rostros más populares de la escena empresarial de ese país. No en vano, Jae-yong era uno de los vicepresidentes de la todopoderosa Samsung y, a la sazón, su ‘heredero’ natural si nos basamos en la enorme endogamia imperante en los grandes holdings asiáticos, en que es el nieto del fundador de este gigante de la tecnología o en que ya ejercía la máxima autoridad del grupo tras la retirada de su padre hace ya tres años a causa de un infarto.
Sin embargo, su prometedora carrera se ha visto interrumpida, frenada en seco por la justicia el pasado enero. Y es que, pese a que estas ‘familias’ suelen estar por encima del bien y del mal, en este caso Lee Jae-yong ha sido condenado a nada menos que cinco años de cárcel por un sinfín de delitos, entre los que destacan sobornos a cambio de favores políticos, malversación de fondos, ocultación de activos en el extranjero, encubrimiento de actos criminales y perjurio.
El principal de todos ellos, la corrupción, se refiere a los pagos de 43.300 millones de wons (unos 32,5 millones de euros) que Lee Jae-yong habría derivado a cuatro fundaciones controladas por Choi Soon-sil (apodada ‘Rasputina’, amiga íntima de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye; ambas pendientes de juicio) a cambio de que se aprobara la fusión de dos filiales de Samsung en 2015.
Cómo la corrupción puede ser un lastre para la innovación
Un delito muy grave, máxime ante la cultura de la honestidad y el honor que impera en Corea del Sur, que Samsung no ha negado en ningún momento. De hecho, toda la estrategia de la defensa de Lee Jae-yong se basó en descargar responsabilidades sobre otros ejecutivos. Pues bien, la justicia le ha creído en parte: no le ha eximido de ninguna culpa, pero sí ha condenado a otros cuatro altos directivos de la multinacional por culpa del ‘heredero’.
Los abogados de Lee Jae-yong ya han anunciado que recurrirán esta dura sentencia, un golpe a la línea de flotación familiar sobre la que se sostiene Samsung. Eso sí, quizás deberían darse con un canto en los dientes: el fiscal pedía originalmente 12 años de prisión, más del doble que la pena finalmente impuesta.
