Apple se rasca el bolsillo y paga 1.700 millones de euros a Nokia por sus líos de patentes

A nadie le gusta ir a los tribunales, reflejo de que algo no funciona como creemos que debiera, pero hay compañías tecnológicas que parecen abonadas a los juicios… especialmente cuando se trata de litigios por vulneración de propiedad industrial. Uno de los contendientes habituales de esta ‘guerra de patentes’ no es otro que Apple, firma que ha tenido que acudir a los juzgados en numerosas ocasiones, tanto como parte acusadora (contra Qualcomm o Samsung, por ejemplo) como la infractora.

En esta última parcela encontramos muy variados casos (incluyendo una dolorosa derrota de Tim Cook contra un popular ‘troll’ de patentes). El último lo encontramos cuando Nokia denunció el pasado diciembre a Apple por el robo de más de 30 patentes distintas, que abarcaban prácticamente todos los componentes del iPhone: antenas, chipsets, codificación de vídeo o interfaces de uso.

Una práctica a todas luces ilegal que no dudó en admitir Apple en mayo de este curso, cuando alcanzó un acuerdo extrajudicial con la compañía finlandesa para resolver todos los litigios a cambio de una cuantiosa indemnización y una licencia de patentes plurianual. Eso sí, en aquel momento no supimos el montante total de esta compensación… desvelada esta semana durante la presentación de resultados financieros de Nokia: 1.700 millones de euros en un pago inicial en efectivo.

Una suculenta cantidad de dinero que ayudará a fortalecer el flujo de caja de Nokia de cara al segundo trimestre del año. Además, gracias al acuerdo, Apple levantó el veto a los productos de salud de Nokia -Withings- en sus tiendas, con lo que se espera una recuperación notable de este nicho de negocio. Por no contar el enorme ahorro para una compañía en plena reestructuración como Nokia de no tener que seguir adelante con un juicio en cuatro tribunales distintos (Dusseldorf, Mannheim, Munich y el Distrito Este de Texas) contra un gigante como Apple. De hecho, la empresa finlandesa estima que ha evitado el desembolso de unos 100 millones de euros anuales en gastos asociados a estos enfrentamientos legales.