Ayer, el Parlamento Europeo dio el visto bueno a la nueva normativa comunitaria en materia de protección de datos que reforma, definitivamente y tras cuatro años de trabajo, la capacidad de los ciudadanos para controlar sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. También incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y policiales.
Así lo han explicado fuentes del Parlamento Europeo, destacando que esta nueva norma está especialmente pensada en un mundo “de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por internet y transferencias globales”, ya que la reglamentación original databa de 1995, cuando Internet no era ni un ápice de lo que es hoy en día.
Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales, la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales, la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios, el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados, lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
El nuevo paquete de protección de datos también incluye una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Además, se desglosará el intercambio de datos transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país.
La intención es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de sus derechos y el establecimiento de límites en la transmisión de datos para prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o la imposición de penas. Desde la Unión Europea aseguran que se han incluido salvaguardas “para evitar riesgos para la seguridad pública, al tiempo que se facilita una cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades policiales y judiciales”.
Dos años para que España lo incorpore a su legislación
Los países miembro, entre ellos España, tendrán un plazo de dos años para trasladar los cambios de la directiva a la legislación nacional, con lo que el grueso de estos cambios podría retrasarse hasta 2018. Además, en el caso de Reino Unido e Irlanda, la directiva sobre intercambio de datos para fines policiales y judiciales sólo se aplicará de manera limitada, mientras que Dinamarca podrá decidir en seis meses -tras su adopción definitiva- si quiere trasladar la directiva a la ley nacional.
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