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Los proveedores de Internet no pueden bloquear contenido

Tribunal de Justicia UE ISP bloqueoEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los proveedores de Internet (ISP) no pueden bloquear el contenido que comparten los usuarios. Esta medida, explica el Tribunal, podría suponer una vulneración del derecho a la protección de datos de los usuarios. Además, sería una “vulneración sustancial” de la libertad de empresa.

El origen de este caso fue la negativa de un ISP, Scarlet, a establecer un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas mediante programas de intercambio de archivos. Esta medida fue solicitada por la Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores (SABAM) “con el fin de evitar los intercambios de archivos que vulneren los derechos de autor”.

Según la Directiva 2000/31 (artículo 12), “los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos”, siempre que el ISP no haya originado la transmisión, no seleccione al destinatario de ésta y no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

Además, el artículo 15 establece que los Estados miembros “no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”.

Sin embargo, SABAM recordó que el artículo 8 de la Directiva 2001/29 recoge que los Estados “velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor”.

Así, en 2004, SABAM comenzó este litigio, pues consideraba que Scarlet estaba “en mejor situación para adoptar medidas dirigidas al cese de las infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes”. Por ello, solicitó que se declarase la existencia de las infracciones y, posteriormente, que se condenara al ISP a poner fin a las mismas “impidiendo o bloqueando cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes de archivos que reproduzcan una obra musical sin autorización de sus titulares” a través de redes P2P.

El Tribunal de primera instancia de Bruselas declaró que existía esta infracción y, tras hacer que un perito examinase la viabilidad de las medidas solicitadas por SABAM, condenó a Scarlet a cumplirlas. Es decir, Scarlet debía impedir a sus clientes el envío o recepción de archivos pertenecientes al repertorio de SABAM mediante un programa P2P.

Esta decisión fue recurrida por Scarlet, que acudió a la Corte de Apelación de Bruselas, pues consideraba que le resultaba imposible cumplir con el requerimiento judicial. Entre otros motivos, alegaba que no está demostrada “la eficacia ni la perennidad” de los sistemas de bloqueo. Además, explicó que esta medida les obligaba a supervisar las comunicaciones que tuvieran lugar en su red y vulneraba las disposiciones sobre protección de datos y confidencialidad de las comunicaciones.

Por ello, la Corte de Apelación decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la UE si las medidas que se pretendían imponer eran conformes con el Derecho de la Unión.

Finalmente, el Tribunal consideró que las normas deben respetar el artículo 15 del apartado 1 de la Directiva 200/31. Este artículo “prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a un ISP a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red”.

Establecer un sistema de filtrado implicaría que el ISP identificase los archivos que correspondan a tráfico P2P. Después, tendría que determinar cuáles corresponden a  obras protegidas y están siendo compartidos de forma supuestamente ilícita, para bloquearlos. “Dicha supervisión preventiva exigiría una vigilancia activa de la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en la red del ISP afectado y, por lo tanto, comprendería todos los datos que se vayan a transmitir y todos los clientes que utilicen dicha red”, explica el Tribunal.

“Ciertamente, la protección del derecho de propiedad intelectual está consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (…). Ahora bien, ni de dicho precepto ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende en modo alguno que ese derecho sea intangible o que su protección deba garantizarse en términos absolutos”. En este sentido, se considera que se vulneraría el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones de los clientes.

Asimismo, se considera que el requerimiento establecido por el tribunal de primera instancia supondría una “vulneración sustancial de la libertad de empresa” del ISP, pues le obligaría “a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas”.

Por otro lado, podría vulnerar la libertad de información, “dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito”.

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