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Naciones Unidas vuelve a quedarse a medias en la defensa de Internet

naciones unidas internet libreParece que las revoluciones que comenzaron al sur del Mediterráneo y que se extiende por Europa y otras zonas, con los procesos de censura asociados, han calado en la Organización de las Naciones Unidas. Su último comunicado sobre libertad de expresión y de opinión se ha incluido también Internet como vehículo de estos derechos. ¿Es suficiente?

En este informe, firmado por el relator especial de la ONI Frank La Rue, dice así:

“Dado que Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para que se materialicen varios derechos humanos, combatir la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humano, asegurar el acceso universal a Internet debería ser una prioridad para todos los estados. Cada Estado debería, por tanto, desarrollar una política concreta y efectiva (…) para que haya disponibilidad completa de Internet, accesible y asequible para todos los segmentos de la población”.

En lugar de quedarse simplemente en la defensa de Internet y de la necesidad de accesos, el relator insiste en que los estados defiendan la Web como parte de los Derechos Humanos en este informe para la defensa del derecho a la libertad de expresión y de opinión.

“La naturaleza única y transformadora de Internet no solo permite que los individuos ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de opinión, sino que también influye en otros Derechos Humano y estimula el progreso de la sociedad en conjunto”.

Para cuándo una declaración formal

Sin embargo, la ONU sigue sin dar el espaldarazo que la libertad de Internet necesita. En un año en el que ha quedado demostrado que un gobierno tiene capacidad política y militar para cortar Internet a todo un país con tan solo una orden, el máximo organismo internacional tiene ante sí el reto de blindarla Web como han hecho algunos países de forma autónoma.

Pero también hay que tomar en consideración qué es Internet. Para La Rue, hay dos dimensiones a tener en cuenta. Por una parte, el acceso a todos los contenidos  “sin restricciones a excepción de los pocos casos permitidos por la legislación internacional de derechos humanos”; por el otro, el trabajo de los estados para ofrecer la infraestructura y los equipos que permiten ese acceso.

Es esa primera dimensión es la que está en conflicto directo con las legislaciones que están poniendo en marcha algunos países como Francia con su Ley Haddopi, y que se busca expandir a la esfera internacional a través del ACTA. ¿Se pronunciará formalmente la ONU contra sus países miembros más poderosos? Complicado.

Accede y descarga al informe completo.

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