Tecnología

Más de 60 millones de euros del erario para arreglar LexNet

Escrito por Marcos Merino

La inversión necesaria fue aprobada ayer por el Gobierno. La plataforma informática de la admón. de justicia sufrió en julio un grave agujero de seguridad.

El Ministerio de Justicia ha decidido responder, al fin, ante los graves problemas de funcionamiento y seguridad de LexNet, la plataforma informática que proporciona soporte digital al sistema judicial español y que se pretendía que tuviera un papel central en la consecución del objetivo ‘papel cero’. La respuesta llega un mes después de que se descubriera un agujero de seguridad que permitía el acceso no autorizado a miles de archivos y que obligó al Ministerio a dejar a los abogados varios días sin acceso al servicio web mediante el que reciben las notificaciones sobre sus casos.

Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos que permitirán llevar a cabo la “adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Concretando:

  • Más de 36 millones de euros a la adquisición de equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ): servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de backup.
  • Casi 20 millones de euros para desarrollar el software usado por la la Administración de Justicia, así como para operar las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas. Se incluye aquí la solución de bugs y agujeros de seguridad o, en lenguaje burocrático, “el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software”.
  • Por último, 6 millones de euros para que las comunidades autónomas hagan lo propio con sus sistemas (y podamos disfrutar así de “un sistema de gestión procesal común” que deje atrás la actual dispersión administrativa).

En total, un gasto de más de 60 millones de euros para, en palabras del Ministerio de Justicia, “disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas”.

Sobre el autor de este artículo

Marcos Merino

Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro.