Tecnología

Las consecuencias del ‘derecho al olvido’

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Escrito por Marcos Merino

Posibles manipulaciones políticas, inseguridad jurídica, cambios de estrategia de Google… todo esto y más puede traer la sentencia del TJUE.

Hace ahora 11 meses, varios medios de comunicación publicaron que Google había recibido un espaldarazo de las instituciones europeas en la polémica legal abierta acerca del llamado “derecho al olvido”. Aunque al poco tiempo se descubrió que no había sido exactamente así (lo publicado no era una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino un informe preliminar del llamado “Abogado general”), pocos ponían en duda que el resultado final del proceso legal fuera a ser muy distinto. Obviamente la sorpresa de los medios y de la propia compañía del buscador ha sido mayúscula tras la sentencia de esta semana.

Como ya te contamos hace unos días aquí en TICbeat, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el llamado “derecho al olvido”, que permitirá a cualquier particular solicitar la retirada de resultados de los buscadores que recojan información sobre su persona que no se considere de “interés general”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) manifestó que la sentencia viene a respaldar sus propias tesis, y su director, José Luis Rodríguez Álvarez, señaló que gracias a la misma los europeos vemos “muy reforzados nuestros derechos en Internet frente a las compañías que actúan en él”.

Pero, significativamente, una de las voces que se han alzado en contra de este supuesto derecho ha sido la propia Asociación de Internautas, que acusa a la sentencia del TJUE de generar ‘inseguridad jurídica’ al conceder a Google un poder que no tiene sobre la información (recordemos que Google se limita a indexar contenido ya existente), pero no ha solventado el problema de fondo: poder retirar la información de la fuente original.

“De la misma manera que nada ni nadie puede hacer que se recorran las hemerotecas de todo el mundo arrancando páginas de los periódicos antiguos, nada ni nadie debe poder ‘obligar al olvido'”, escribía Enrique Dans cuando analizaba el informe del año pasado. Tras la sentencia, su opinión (citada en la web de la Asoc. de Internautas) es aún más contundente: “Bienvenidos a un mundo infinitamente menos transparente, en el que la información ‘desaparecerá’ misteriosamente en virtud de todo tipo de ‘preferencias’. Ya veremos qué tipo de derechos protegemos, de quiénes, y qué bonito va a ser el mundo cuando por obligación tengamos que verlo todo a través de un cristal de color rosa…”.

Ahora esta polémica normativa europea viene a sumarse a los cánones anti-agregadores de noticias (una legislación nacional, pero cada vez más extendida por Europa) como parte de una nueva ola de regulaciones de Internet que parecen compartir dos características: desfigurar elementos básicos de la actual World Wide Web (los enlaces, en un caso, la indexación en buscadores en el otro)… y estar dirigidas fundamentalmente contra Google.

La empresa de Mountain View no había aplicado hasta ahora la normativa europea de protección de datos al considerar que el tener su sede en California la eximía de tal obligación (como bien recordaba el blog tecnológico del Wall Street Journal hace unos días, el “derecho al olvido” es un concepto ajeno al derecho estadounidense), pero esta nueva sentencia contradice la interpretación de Google y le obliga a plantearse cambios de funcionamiento… y en su estrategia legal.

Sobre el autor de este artículo

Marcos Merino

Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro.