Tecnología

El impacto del derecho al olvido en los buscadores de Internet

El derecho al olvido responde a la necesidad de que los interesados puedan eliminar cierta información sobre su persona indexada por los buscadores en Internet

Las compañías que desarrollan su objeto empresarial en el sector de la economía digital deben ser cada vez más conscientes de que la información con la que trabajan y su seguridad deben ser consideradas como “cuestiones críticas de seguridad de la cadena de suministro”. En el entorno Internet, los problemas fundamentales hacen referencia a la identificación e implementación contractual de las estructuras, procesos y controles organizativos adecuados necesarios para gestionar la seguridad de la información (como un elemento más del proceso productivo), procurando al mismo tiempo un cumplimiento normativo efectivo.

Por tanto, las empresas deben evaluar qué políticas y procedimientos están dispuestas a modificar y a cambiar de forma parcial o íntegra; estos son: los informes de actividad, las políticas de retención de datos, los procedimientos de respuesta a incidencias, la normativa de las auditorías de control interno y externo y las políticas de privacidad de la compañía.

Si nos centramos en las políticas de privacidad de las compañías del entorno digital, el derecho al olvido constituye un asunto de ferviente actualidad que se caracteriza por ser una derivada del derecho de cancelación contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El derecho al olvido responde a la necesidad de que los interesados tengan la posibilidad de eliminar determinada información relativa a su persona indexada por los buscadores de Internet de manera indefinida, aun cuando estos –de hecho– no serían los responsables titulares del fichero del que se extrae información. En principio, la responsabilidad principal del tratamiento de los datos de carácter personal de un interesado sería el titular de un determinado sitio web, ante el cual ha de ser ejercido el derecho de cancelación por parte de un ciudadano con el fin de que esa información se elimine. No obstante, en muchas ocasiones, el ejercicio de dicho derecho resulta insuficiente para evitar que esa información continúe siendo indexada en los buscadores de Internet de manera indefinida.

Rafael García del Poyo es abogado y socio responsable del Departamento de Derecho de los Negocios Digitales (Digital Business) de Osborne Clarke en Madrid. Es árbitro sobre comercio electrónico en la Junta Nacional Arbitral de Consumo con Confianza Online, sobre conflictos en materia de nombres de dominio con Red.es y en el Comité de Mediación y Arbitraje para la Energía y la Ingeniería con la AEADE.

Actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está analizando una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional española, cuyo fin principal radica en determinar hasta qué punto es responsabilidad de los buscadores de Internet eliminar dicha información y si han de atender el derecho de cancelación que pueda ser ejercitado por los interesados.

El impacto del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede ser aún más relevante en aquellos supuestos en los que se enfrentan el ejercicio en paralelo de otros derechos como sería el de libertad de información. En todo caso, resultaría paradójico que el titular de una determinada publicación digital no tuviera la obligación de cancelar los datos de carácter personal, mientras que el buscador que indexa esa pieza de información sí podría verse obligado a hacerlo.

Resulta evidente que tanto a nivel nacional como europeo se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifieste su posicionamiento en relación con la interpretación que ha de hacerse del derecho de cancelación y, por lo tanto, del derecho al olvido, con el fin de delimitar con precisión la responsabilidad de los buscadores.

Es por ello que tanto la industria de Internet como las autoridades de protección de datos y profesionales del derecho esperan con impaciencia el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya decisión a buen seguro tendrá repercusiones en áreas no estrictamente relacionadas con la intimidad de las personas y que contribuirá a clarificar una situación en la que se contraponen los derechos de los interesados frente ciertos modelos de negocio de la era digital como son los buscadores de Internet. En todo caso, el fallo tendrá un impacto extraordinariamente relevante en la tramitación del actual borrador de Reglamento de Protección de Datos, en el que se aborda de manera directa el derecho al olvido y el modo en que podrá ejercerse.

Foto cc Marta Jiménez

Sobre el autor de este artículo

Rafael García del Poyo

Rafael García del Poyo es abogado y socio responsable del Departamento de Derecho de los Negocios Digitales (Digital Business) de Osborne Clarke en Madrid. Actúa como asesor jurídico en favor de clientes nacionales e internacionales del sector tecnológico. Como Secretario y letrado asesor de Consejos de Administración de numerosas compañías de tecnología, ha participado en la defensa de numerosos asuntos tanto ante los Tribunales españoles como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras instituciones.