Google planta cara a la censura española

google censura españaQue retire de sus resultados de búsqueda diversas páginas que contienen difamaciones que han sido denunciadas. Lo demanda la justicia española ante Google, en lugar de pedírselo a quienes lo tienen publicado y alojado. Una medida de censura mediante intermediarios que puede extenderse si se consolida.

Este miércoles arranca en los tribunales españoles esta vista en la que Google tratará de demostrar frente a la Agencia Española de Protección de datos y ante el juez que no es responsable de lo que se publica en Internet. Y por esa misma razón, tampoco tiene que ser la encargada de aplicar medidas de silencio o de censura que deberían corresponder a otros.

Google no comprende esta acción en su contra ya que “la legislación española y europea correctamente señala que es el editor del material el responsable del contenido”, ha declarado el director de relaciones exteriores para Europa de la empresa, Peter Barron, para The Guardian.

Frente a las demandas para la retirada de enlaces, Google ha respondido con denuncias a través de lo contencioso-administrativo para no retirar los resultados de las búsquedas relacionadas con más de un centenar de artículos en los que la fuente original mantiene el documento en la red. Los casos llegan tras las peticiones realizadas por personas nombradas en los propios textos.

Un nuevo tipo de censura en España

Utilizar a los transmisores de la información para bloquear mensajes considerados ilegales, difamatorios como en este caso, es una nueva forma de aplicar la censura de contenidos en España. De esta forma, la magistratura evita la legislación que protege a los diarios e instituciones de retirar mensajes calumniosos y que atentan contra el honor de las personas.

“En el caso de los medios de comunicación, por el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución, mientras que en el caso de los boletines, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”, detalla ElMundo.es.

Sin embargo, quien ha publicado el contenido que Google y el resto de buscadores tendrían que retirar de sus resultados mantendrá en su base de datos esos artículos, de modo que lo único que se consigue es sacarlos del flujo de búsquedas, pero no eliminarlos de forma completa, y seguirá sin cumplirse el objetivo buscado por la Agencia Española de Protección de Datos.

“Pidiendo a los intermediarios como los motores de búsqueda que censuren el material publicado por otros tendrá un efecto escalofriante y profundo en la libertad de expresión sin proteger la privacidad de la gente”, ha expresado Barron.

Los legisladores españoles desconocen los mecanismos de Internet

Al igual que está pasando con la Ley Sinde, los legisladores españoles vuelven a actuar en contra de la Neutralidad de la Red, creyendo que la aplicación judicial de la censura servirá para mantener un sistema regulado a destiempo. Una vez más, la legislación española demuestra su falta de adaptación a Internet y se sirve de mecanismos de control para adaptar la realidad y la tecnología a sus necesidades.

“Parece un plan de alguien que no sabe cómo funciona Internet”, ha denunciado el observatorio para la censura, Index on Censorship, para The Guardian. Es la misma queja hecha pública hace tan solo unos días por Amador Fernández-Sabater en un artículo publicado en El País de España:

“Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal. Me preocupa que sea el miedo quien está tratando de organizar nuestra percepción de la realidad y quien está tomando las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo.”

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