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El ‘tasazo’: café para todos

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Escrito por Autor Invitado

La aprobación del anteproyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no solo conlleva la mal llamada ‘Tasa Google’. De hecho, no solo afectará a las grandes compañías. Jerónimo Gómez, abogado de la agencia Escrow, explica las consecuencias de “legislar a punta de lobby”

¡Vaya quiebros del destino! Tan solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que enlazar en una página web obras de libre acceso de otra web no infringe derechos, amanecimos con la noticia de la desafortunadamente bautizada ‘Tasa Google’

El asunto Svensson parte de una consulta del Tribunal de apelación de Svea (Suecia) al TJUE. Se le pidió que dirimiera si ha de entenderse como un acto de comunicación al público el que una persona diferente al titular de derechos de propiedad intelectual de una obra pueda enlazarla desde su página web. La importancia radica en que el artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29 establece que “todo acto de comunicación al público de una obra debe ser autorizado por el titular de los derechos de autor”. Si la respuesta hubiera sido negativa, todas aquellas webs de enlaces y agregadores de noticias como por ejemplo Google News o Menéame (por citar a dos conocidas) estarían infringiendo los derechos del titular de los mismos por cuanto que no disponen de la correspondiente autorización.

El TJUE sin embargo resolvió que, a pesar de considerarse un acto de comunicación definido como  “puesta a disposición del público de una obra de tal forma que éste pueda acceder a ella” y que se dirige efectivamente a un público (número indeterminado y considerable de usuarios), no cumple el tercer requisito: dirigirse a un público nuevo. Es decir, no pone a disposición de nuevos usuarios una obra restringida a la que solo tienen acceso determinadas personas. Esto ha llevado a dicho tribunal a determinar que “no constituye un acto de comunicación al público, a efectos de dicha disposición, la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet”.

Sin embargo, la alegría de todos aquellos que vieron con ello la oportunidad de hacer cambiar de idea a los editores en línea, los cuales demandan una compensación económica por que se enlacen sus contenidos, duró tan solo 24 horas. Es el tiempo transcurrido entre dicha sentencia y la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre sus novedades, destaca una modificación del artículo 32.2 que ha pillado a casi todos por sorpresa. En primer lugar, fija la tesis de que la puesta a disposición del público por parte de los agregadores de fragmentos no significativos de contenidos no requerirá autorización. Pero, inmediatamente después, el texto apuntala el otorgamiento de una compensación equitativa al titular de los derechos. Una compensación de la que nadie se puede librar ya que, según reza la norma, “este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”.

La Unión Europea, en la Directiva 2001/29 avanza que el desarrollo de la tecnología permite que los titulares de derechos recurran “a medidas tecnológicas destinadas a impedir o restringir actos que no cuenten con la autorización del titular”. Por tanto, no parece tener mucho sentido establecer una tasa para compensar al titular de los derechos por la difusión de unas obras que tienen por objetivo ser difundidas.

En este sentido, la propia Directiva cuando habla de la compensación en determinados casos de excepciones o limitaciones, establece que deberá determinarse teniendo presente “el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección”. Y añade que ”determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago”. Si hacemos extensible este argumento a nuestro análisis, más aún carecerá de sentido la tasa compensatoria cuando son los propios medios los que exhortan en sus páginas webs a compartir a través de los principales agregadores las obras allí contenidas. Y en muchos casos, se benefician de estos canales de difusión.

Más allá de si está justificada la compensación, otra de las principales cuestiones que más chirría es la imposibilidad de renuncia a la misma. Se quiera o no, será recabada por las entidades de gestión de derechos de Propiedad Intelectual. Es decir, a pesar de que el autor decida publicar su obra bajo las conocidas licencias creative commons, cuando otra persona realice una puesta a disposición del público “de fragmentos no significativos de contenidos” de dicha obra en su blog (tiene perfecta cabida dentro del supuesto de “sitios web de actualización periódica”), la compensación debe ser percibida. Este tipo de licencias dejan fuera de las mismas los derechos irrenunciables a los que se refiere la modificación del artículo 32.2. Esto significa de facto que cualquier blogger que publique contenidos bajo licencia creative commons deberá pasar por caja y abonar la compensación correspondiente. Y ello a pesar de que el titular de los derechos esté de acuerdo en ceder su obra de forma gratuita.

El problema de los términos es que a veces son traicioneros y confunden. La ‘Tasa Google’ ha sido mal bautizada ya que induce a pensar que solo afectará a las grandes compañías. Y de pronto nos damos de bruces con las consecuencias de legislar a punta de lobby.

 

El autor de este artículo es Jerónimo Gómez Escamilla, abogado asociado de la Agencia Escrow

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