Tecnología

El Gobierno aborta el potencial económico de los drones

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Escrito por Marcos Merino

La ilegalización total del uso de drones con fines profesionales en nuestro país deja en la estacada a múltiples empresas que habían apostado por los mismos.

“No está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales para realizar actividades consideradas trabajos aéreos, como la fotogrametría, agricultura inteligente, reportajes gráficos de todo tipo, inspección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vigilancia de fronteras, detección de incendios forestales, reconocimiento de los lugares afectados por catástrofes naturales para dirigir las ayudas adecuadamente, etc.”

Éste es el principal fragmento de un comunicado emitido el pasado 7 de Abril por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, mediante el cual acababa de un plumazo y de la peor manera posible con la confusión legislativa existente en torno al uso civil de las aeronaves no tripuladas o drones.

En el comunicado se hace también referencia a la “creencia errónea de que en la capa de espacio aéreo que se extiende desde el suelo hasta 400 pies se puede volar con estos aparatos sin restricciones”, un dato muy difundido entre los aficionados pero que constituye una confusión con la normativa aplicable en Estados Unidos (y aún allí existen limitaciones para sobrevolar zonas habitadas).

Teóricamente existiría la opción de -previa autorización por parte de la AESA- solicitar permisos para realizar algunos trabajos como filmaciones aéreas, de vigilancia, de detección o extinción de incendios, etc… pero la agencia no puede autorizar ninguna de estas labores hasta no disponer de una normativa específica sobre drones, que no tiene aún fecha de aprobación (aunque la mayoría de los medios parecen coincidir en que el borrador definitivo estaría listo antes del próximo invierno).

Los grandes afectados por este repentino y taxativo cierre del espacio aéreo a las aeronaves no tripuladas son las empresas españolas dedicadas a este sector, bien fabricantes, bien empresas de vídeo o fotografía que hacían uso de estos aparatos. Estas últimas han tenido que suspender tras el comunicado de AESA todos encargos ya previstos (muchos de ellos previstos para este verano y relacionados con el sector turístico), sin ninguna garantía de poder retomar en algún momento su actividad y sin poder amortizar las inversiones ya realizadas.

También han quedado así abortadas iniciativas para realizar inspecciones de molinos de viento (mucho más efectivas y seguras que las realizadas por operarios) o -como había empezado a hacer Endesa- para evaluar el estado de las líneas eléctricas sin tener que cortar el suministro.

Hace sólo un mes, Cinco Días recogía las siguientes declaraciones en el reportaje “Los drones despliegan sus actividades comerciales“:

Las empresas que fabrican y operan aviones controlados de forma remota fueron unánimes en señalar que España es “un buen laboratorio” para este tipo de aparatos, gracias a las ventajas competitivas del país, como son el gran nivel tecnológico, el buen clima y la baja densidad de población. (…) El presidente de Aerpas resaltó en su intervención que “la falta de un desarrollo legislativo adecuado nos limita como país”.

El tiempo ha demostrado, sin embargo, que el Gobierno está decidido a limitarnos como país y desaprovechar nuestras ventajas competitivas.

Sobre el autor de este artículo

Marcos Merino

Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro.

  • logicopensador

    Bueno, sin ser un experto en esta legislación, lo que me parece es que no está legislado hasta ahora este tipo de tráfico, por lo que no puede estar prohibido lo que antes no se preveía. Así que en vez de “no está permitido” deberian decir a lo sumo “no está regulado”.

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