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El contrabando con drones, un problema en las prisiones de EEUU

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Escrito por Marcos Merino

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ha convocado un concurso de proyectos para atajar el problema del contrabando mediante objetos no tripulados.

  • Agosto de 2014, Institución Correcional Lee (Carolina del Sur): “Un drone se estrella intentando colar marihuana en la cárcel”.
  • Agosto de 2015, Institución Correcional Mansfiel (Ohio): “Un paquete con heroína y marihuana llega en un drone a una prisión y provoca una pelea entre los reclusos”
  • Agosto de 2015, Institución Correccional North Branch (Maryland): “Frustran entrega de pornografía, marihuana y pistola en prisión a través de drone”.
  • Octubre de 2015, Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester: “Encuentran un drone con un paquete de drogas y cuchillas en una prisión de Oklahoma”.

Son titulares extraídos de varios medios digitales; otros casos similares han tenido también lugar en los últimos meses en otros países como Irlanda, Australia o Brasil. Y es que, mientras la regulación sobre drones permanece todavía instalada en la restricción y la provisionalidad en la mayoría de países desarrollados, los criminales ya empiezan a usarlos como recurso habitual para el contrabando de todo tipo de productos entre ambos lados de las paredes de las prisiones (o para otras tareas ilegales, como el narcotráfico en la frontera EEUU-México). Es muy probable, además, que estos incidentes aumenten a lo largo de 2016, a medida que los drones se vayan convirtiendo en un accesorio más asequible y manejable.

Las autoridades estadounidenses piden ideas

La Oficina Federal de Prisiones de EEUU (BOP, por sus siglas en inglés) es responsable de 122 centros penitenciarios del país, en los que se custodia a unos 199.000 delincuentes (el 81% de los que han cometido delitos federales o permanecen encarcelados en Washington DC). Ahora, la BOP ha pedido ayuda (a través de una solicitud de información o RFI) para lograr detener el goteo de drones con carga de contrabando sobre las cárceles del país: “Los recientes avances en materia de vehículos no tripulados representan una nueva y cambiante amenaza para nuestra Oficina. […] El objetivo de esta RFI es que permita recoger información para identificar y evaluar las diferentes tecnologías que puedan ayudarnos a interceptar UAVs con intención maliciosa”.

El sistema anti-drones que pide la BOP no está detallado en la ‘solicitud de información’, que sólo aborda las tareas que deberá realizar (en este orden: detección, ubicación, identificación, clasificación, respuesta, verificación y atribución de los drones). Entre los factores que las autoridades federales piden que las compañías tengan en cuenta a la hora de presentar sus propuestas se citan, por ejemplo:

  • Que el espacio aéreo implicado puede contar también con la presencia de drones legítimos.
  • Que los materiales y las dimensiones de los drones son muy variables.
  • Que debe detectar tanto modelos disponibles comercialmente como diseñados a medida.
  • Que el rango de detección debe ser de 1 milla (1,6 km) a la redonda.
  • Que el objetivo a vigilar (esto es, la cárcel) se encuentra generalmente aislado en medio de una zona abierta con pocas elevaciones de terreno ni interferencias de radio.

Las empresas que deseen contribuir con sus ideas (y optar a un contrato federal) tienen hasta el próximo día 1 de diciembre para remitirlas a la BOP. Las gama de soluciones podría ir desde los sistemas láser hasta el uso de ‘contra-drones’.

Vía | Engadget
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magen | Wikimedia

Sobre el autor de este artículo

Marcos Merino

Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro.