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Aprobado el nuevo proyecto de ley de la LPI: estos son sus puntos más importantes

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Escrito por Elías Notario

Tras la Ley Sinde y la Ley Lassalle ahora se ha aprobado un nuevo proyecto de ley que modifica el anterior texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Primero llegó la aberración bautizada a nivel popular con el nombre de Ley Sinde. A esa poco tiempo después le siguió otro marco regulatorio sobre propiedad intelectual, el conocido como Ley Lassalle y el cual no hizo más que empeorar las cosas. Y ahora tenemos otra nueva ley sobre la mesa impulsada por el señor José Ignacio Wert, actual ministro de Cultura de España, que llega para modificar el anterior texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y que al igual que las citadas anteriormente está generando mucha polémica.

Siendo más específicos, a comienzos de 2013 el ministro ya presentó el anteproyecto de su “parche” a la Ley Lassalle y en las últimas horas se ha aprobado el proyecto de ley en sí vía Consejo de Ministros, lo que a efectos prácticos significa que pronto pasará por el Congreso donde tras las votaciones se convertirá en ley. ¿Y qué cosas cambiará la misma? Pues en principio varias, veámos las más importantes.

Tasa Google

La gran sorpresa, ya que en el anteproyecto no estaba, ha sido la inclusión de la Tasa Google en el proyecto aprobado hoy, que es como se suele llamar a la posibilidad legal otorgada a los generadores de contenidos en el ámbito de Internet para que puedan exigirle a Google y a otros agregadores el pago de un canon por usar fragmentos de sus informaciones.

Dicho de otra forma, cuando el proyecto que nos ocupa se convierta en ley, todas aquellas revistas, periódicos, blogs y demás actores de Internet cuya principal actividad es crear contenidos, podrán pedir a Google, o a cualquier otra compañía que opere servicios de Internet que utilicen trozos de esos contenidos, una compensación económica equitativa por dicho uso (eso sí, seguirá sin ser necesario que los segundos dispongan de autorización expresa previa de los primeros para el uso de “fragmentos no significativos” de su información).

Respecto a el funcionamiento, de manera resumida los generadores y los agregadores deberán ponerse de acuerdo sobre la cantidad “económica equitativa” compensatorio, y en caso de que no lo consigan tendrán que dirigirse a un arbitraje. O al menos esa es la teoría, porque en la práctica de seguro más de un caso terminará en los tribunales (de donde muchos creen que nunca debieron salir los asuntos de propiedad intelectual y los políticos se empeñan en apartar ya que los jueces no hacen más que darles palos en forma de sentencias que tiran por el suelo sus absurdos mantras; por ejemplo el de criminalizar los enlaces de descargas).

Más poder para la Comisión de Propiedad Intelectual

En la Ley Sinde se introdujo la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo con capacidades sancionadoras que básicamente se enfoca en zumbar a las páginas dedicadas a proporcionar enlaces que llevan a contenidos protegidos por copyright. Un despropósito, entre otras razones porque con la imposición de la comisión el peso de los jueces quedó diezmado, que el nuevo proyecto no sólo mantiene sino que lo potencia.

En concreto lo hacen dotándolo de nuevos mecanismos con lo que atacar a las páginas web “que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria”. Por ejemplo, si la comisión determina que X sitio cuadra en la anterior definición, inicia proceso sancionador, exige la retirada de contenidos o del sitio entero y sus dueño se niegan, podrán pedir a terceros que les ayuden a “ahogarlos económicamente” (con terceros nos referimos a intermediarios de pago electrónico o de publicidad).

Y si eso tampoco funciona, contarán con la opción de endosarles multas de entre 30.000 y 300.000 euros así como solicitar a un juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web.

Aumento de la vigilancia a las entidades de gestión

Las entidades de gestión de derechos de autor nunca cayeron bien a casi nadie y tras el caso de la SGAE, que llevó a su presidente Teddy Bautista y a otros altos cargos ante los tribunales, mucho menos. Es por ello que el nuevo marco incluye nuevas medidas que aumentan la vigilancia sobre estos organismos (más o menos porque al final todo sigue dependiendo de órganos ejecutivos que como tales suelen tener poco de independientes).

Entre esas nuevas medidas, por un lado tenemos que el propio Ministerio de Cultura a través de la Secretaría de Estado empezará a vigilar si las entidades de gestión de derechos de autor cumplen con las obligaciones establecidas en la Ley y con las de transparencia a ojos de sus asociados, el público en general y las administraciones públicas, y que se establece un régimen de infracciones y sanciones para las que no cumplan.

Por el otro, que la creación de fundaciones y sociedades mercantiles por parte de entidades de gestión es una facultad que quedará supeditada a la previa autorización de la Secretaría de Estado de Cultura, y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se convierte en el ente que a su vez supervisará el funcionamiento general del sistema.

Implantación de ventanilla única

Además del aumento de vigilancia a las gestoras de derechos de autor, el proyecto de ley de la LPI que nos ocupa implanta una “ventanilla única” como medio de facturación y pago para las mismas. Es decir, que las entidades de gestión estarán obligadas a crear una persona jurídica privada (sociedad anónima, sociedad limitada, etc.) que se ocupará de centralizar los movimientos de facturación y pago.

¿Con qué fin? os preguntaréis algunos, y la respuesta es fácil: la idea es simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios ya que en principio una ventanilla única les permitirá hacer menos gestiones a la hora de, por ejemplo, pagarles lo que corresponda por utilizar material protegido.

Un remiendo, con poco futuro

En definitiva, aunque como hemos visto el proyecto de ley de la LPI de Wert introduce cambio y a falta de conocerlo completo porque el ejecutivo se ha negado a hacerlo público, no deja de ser otro remiendo que durará poco en pie al girar en torno a las mismas premisas de siempre, las cuales ya sabemos de sobra que no funcionan, y que además no gusta a nadie (todos, desde las gestoras de derechos hasta las asociaciones de usuarios pasando por el mismísimo Consejo de Estado han mostrado su disconformidad con la ley de Wert).

Así que otra oportunidad perdida de afrontar cambios en el campo de la propiedad intelectual que no respondan únicamente a la presión de los grandes de la industria del copyright. Pero bueno, mientras unos se dedican a seguir viendo las cosas desde una óptica del siglo pasado, otros se adaptan por sí solos a los nuevos tiempos (y estos últimos son los que “a la chita callando” se están merendando a los dinosaurios de la industria, no las páginas de enlaces ni redes P2P).

Sobre el autor de este artículo

Elías Notario

Redactor especializado en tecnología e Internet, ahora por @eldiarioes y @ticbeat. Cofundador de la tienda online de regalos desdegaiaconamor.com