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Alcanzado el acuerdo internacional contra el Internet libre

ACTA, neutralidad de la red, UE, MExico, Estados Unidos, propiedad intelectualEstados Unidos, la Unión Europea, México y otros países han llegado al acuerdo que ha permitido redactar el texto final del ACTA contra la piratería. El documento hace hincapié en una defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual. Esto coincide con sendos golpes de España e Inglaterra a la neutralidad de la red.

Los gobiernos de Estados Unidos, México, Japón y la Unión Europea han puesto el punto final al documento del Acuerdo contra la falsificación comercial (ACTA por sus siglas en inglés). La intención es luchar contra la piratería a nivel mundial, por lo que son varios países (Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, además de los mencionados) los que se han sumado al acuerdo para hacer presión sobre el resto.

Amparándose en la lucha contra la falsificación el ACTA trata de servir como una orientación legislativa global que puede acabar limitando la libertad de Internet. En Estados Unidos, la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR) afirmó en un comunicado que el documento, cuyo borrador ya se filtró con anterioridad, ha sido fruto de la colaboración de todas las partes.

Texto final del ACTA (pendiente revisión jurídica)

El texto final muestra una postura rígida, de defensa a ultranza de los derechos de propiedad intelectual. Habla de adoptar medidas “justas y equitativas” para todos los participantes de estos derechos, pero apuesta por un “endurecimiento de los procedimientos legales” para garantizar su cumplimiento.

ACTA, neutralidad de la red, UE, MExico, Estados Unidos, propiedad intelectualQuienes han redactado el texto pretenden establecer un marco legal que, si bien no puede ser impuesto a cada Estado sí pueda servir como referencia – por lo que constituirá una forma de presión – a la hora de dictar leyes sobre la relación de Internet con la propiedad intelectual. A partir de este acuerdo son las autoridades de cada país las que tienen en sus manos decidir si aprueban o no su contenido.

En Estados Unidos, sin embargo, el documento no requiere la ratificación del Congreso. A falta de la última ronda de contactos que se realizará en Sidney en el mes de diciembre, según recoge Nación Red, el comisario de Comercio de la UE Karel De Gucht se ha apresurado a mostrar su satisfacción por el acuerdo. “Doy la bienvenida al ACTA que allana el camino para luchar más eficazmente contra la falsificación en todo el mundo”, apuntaba, enarbolando la bandera de los derechos de autor.

La neutralidad de la red amenazada

El ACTA ha tenido representación de la Unión Europea, cuyo papel activo en la protección de derechos de autor ha ido incrementándose hasta el punto de llevar a cabo negociaciones en secreto. La UE parece haber adoptado una posición común en este tema y las negociaciones las ha llevado en nombre de todos sus miembros. El secretismo que envuelve a este tipo de negociaciones, que tienen un carácter internacional y por tanto relevante, deja ver el poco interés que se tiene por que el contenido de lo hablado salga a la luz.

ACTA, neutralidad de la red, UE, MExico, Estados Unidos, propiedad intelectualDos de los países pertenecientes a la EU, España y Reino Unido han demostrado recientemente posturas en contra de la neutralidad de la red. El Senado español ha rechazado una moción a favor de la neutralidad de la red, que pedía al gobierno que tratara por igual todos los datos que circulan a través de Internet. De esta forma se evitaría un posible control por parte de las operadoras para beneficiar o perjudicar uno u otro tipo de tráfico.

En el Reino Unido el ministro de cultura Ed Vaizey ha realizado unas declaraciones en la línea de facilitar un “Internet a dos velocidades”, lo que ha causado gran polémica en el mundo de la red. La justificación a esta postura es que los consumidores pueden elegir entre un amplio espectro de proveedores de Internet. De esta manera se ignora el hecho de que los operadores pueden servirse de sus potestades para limitar el acceso a algunas páginas web por razones comerciales o acuerdos con determinados grupos.

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