Seguridad

Google y juristas, de acuerdo en la necesidad de redefinir la idea del dato en la era digital

Una directiva de Google, un letrado del Tribunal Constitucional y dos catedráticos de Derecho Constitucional debaten sobre la definición, la propiedad y la economía del dato. ¿Cómo se reinventará la privacidad en los tiempos de la información como valor supremo de la era digital?

Un reciente estudio de Accenture afirmaba que el 57% de los españoles está preocupado por las garantías de privacidad que las compañías ofrecen sobre sus datos personales cuando se suscriben a servicios inteligentes. Una preocupación latente, elevada a la agenda pública a partir de la entrada en vigor del GDPR o escándalos como el de Cambridge Analytica-Facebook, que está siendo abordada por prácticamente todos los agentes involucrados: gobiernos, expertos universitarios, juristas, asociaciones de consumidores y la propia industria tecnológica.

Precisamente, y en el marco del 32º Encuentro de Economía Digital -celebrado estos días en Santander-, la patronal AMETIC ha dado una especial relevancia a una mesa redonda en torno a la economía y propiedad del dato. En ella se han sentado juntos un coloso como Google, un letrado del Tribunal Constitucional y dos catedráticos de Derecho Constitucional. Y, sorprendentemente, con más puntos en común que discrepancias.

María Álvarez, directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales en Google, explicó que “la economía del dato tiene un potencial enorme y nadie pone en duda este crecimiento ni la relevancia de su uso en el ámbito privado y público. Pero hemos de diferenciar entre datos, información (que es cuando se organizan los datos) y conocimiento (que es cuando se analiza e interpreta la información). El verdadero valor está en este último paso, tener simplemente datos no garantiza ningún valor para las empresas“. Al respecto de la propia actividad del buscador, la directiva afirmó que su modelo “es sostenible siempre que tengamos la confianza del usuario y por eso apostamos por darle la máxima transparencia y herramientas para modificar sus políticas y ajustes de privacidad”.

Asimismo, Álvarez quiso abrir el debate sobre uno de los mantras más comunes en el sector tecnológico: la información como el nuevo petróleo. “Los datos no es un recurso escaso, estamos en contra de equipararlo al petróleo como dicen muchos gurús. Los datos son abundantes, se generan continuamente y nada impide que se puedan compartir con muchos agentes”.

Google o Apple, ¿quién recopila más datos personales desde el móvil?

En la misma línea, Juan Antonio Hernández, letrado del Tribunal Constitucional, reseñó que “los datos personales tienen una interpretación amplia: no solo lo son los que apelan a la persona sino también aquellos que puedan llevar a la identificación de esa persona si se cruza la información con otras fuentes. Hay muchos datos que no consideraríamos personales pero sí lo son”.

Ante ello, el jurista establece cinco elementos a tener en cuenta: “El primero es el interés jurídico de las empresas privadas que usan esos datos. El segundo es el interés público del manejo de la información. El tercero es el respeto a la privacidad y la intimidad del ciudadano, que es un derecho irrenunciable de la persona. El cuarto es un interés público en que los ciudadanos no se sientan intimidados. El quinto es un interés patrimonial, que está en discusión, de los usuarios“.

Al igual que la directiva de Google, Hernández considera que debemos diferenciar el dato como materia prima del valor añadido que se ponga encima del dato, “que requerirá de una protección por propiedad intelectual como cualquier otra innovación. La idea de propiedad con el dato no es la más adecuada, porque por naturaleza la propiedad es excluyente y el dato puede ser utilizado en muchos casos distintos“.

A su vez, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, dio la nota curiosa del debate. En su opinión, “el derecho es como la venganza, es un plato que se sirve frío… pero hoy en día no podemos esperar, tenemos que responder de forma rápida a este momento de cambio de paradigma continuo. Si nos dilatamos demasiado, si existe incertidumbre regulatoria durante demasiado tiempo, al final se crea un status quo en la industria que es muy difícil de cambiar“.

Para este experto, la enorme complejidad de las violaciones de seguridad en torno a los datos personales o la privacidad demostraría que “los derechos personales quizás se quedan cortos porque todos los miles de usuarios de una plataforma digital pueden sentirse afectados”, con lo que se exige volver a las bases del derecho para, desde ahí, ir derivando la normativa de forma más adecuada a las necesidades del siglo XXI.

Por su parte, Rosario Tur -catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Miguel Hernández- comentó con los asistentes al evento cántabro que “tener la información es poder, pero nos invade el miedo a ciertas distopías que nos exigen racionalizar los procesos”. Reclamó para ello un sistema “que proporcione las mayores cotas de autodisposición para las personas y evite la cosificación de los ciudadanos”, además de “romper la idea de que los derechos personales no son patrimonizables, porque lo importante es tener la facultad de consentir libre y equitativamente la cesión de su información”.

Sobre el autor de este artículo

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, La Razón, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Business Insider, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo, ganador del Premio Día de Internet 2018 a mejor marca personal en RRSS y finalista en los European Digital Mindset Awards 2016, 2017 y 2018.