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Gentrificación 2.0 y turistificación, las consecuencias del “efecto Airbnb”

Gentrificación y turistificación, las consecuencias del efecto Airbnb

A la espera de ver como avanza o surge la regulación en materia legislativa y fiscal en los diferentes países y ciudades, las iniciativas de viaje y transporte colaborativo al estilo de la famosa plataforma Airbnb provocan la turistificación de los centros de las ciudades y el encarecimiento de los alquileres tradicionales.

La turistificación se trata del impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades, afectando a la configuración comercial o a los precios de la vivienda. De esta manera, alternativas como la popular Airbnb, afectan a los residentes de dichos barrios y ciudades propiciando que los servicios, instalaciones o establecimientos pasen a orientarse y concebirse pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos de forma permanente. 

¿Cuál es el impacto de la economía colaborativa en la economía tradicional?

Por su parte, la gentrificación -que proviene del inglés y significa restauración o aburguesamiento-, aunque a nivel teórico alude a la revalorización de una comunidad o pueblo a un mejor estatus, en la práctica provoca en epicentros urbanos y barrios que se tornan atractivos a nivel turístico, el desplazamiento de las clases populares y con menor nivel económico en beneficio de las personas más ricas. La diferencia entre ambos fenómenos reside, sobre todo, en que la turistificación es mucho más rápida y voraz y precisamente, se alimenta de la crisis económica.

Algunos ya hablan de gentrificación 2.0, o sustitución de la población estable de un barrio o zona urbana por población flotante y transitoria -ergo, turística-, haciendo de los centros de las ciudades áreas totalmente comerciales, con pisos turísticos -en lugar de alquileres normales- y servicios específicos orientados a dicho segmento. Este fenómeno sucede con especial voracidad en Barcelona, y empieza a calar hondo también en la capital. De hecho, el precio del alquiler ha sobrepasado ya sus máximos históricos en ambas ciudades. 

Un ejemplo lo daba el colectivo Lavapiés ¿dónde vas?, que mediante una manifestación a comienzos de mes en este barrio de moda madrileño, denunciaba este fenómeno y sus consecuencias para los habitantes del lugar, algo que resumen como “el triunfo del mercado sobre la vida” y que propicia el encarecimiento de precios, el aumento de la precariedad y de la especulación inmobiliaria, la pérdida de espacios sociales, o la aparición de grandes superficies y espacios de consumo que desplazan el producto local.

A la espera de regulación autonómica

Al igual que muchos taxistas de todo el mundo solicitan que se regule la situación de Ubercuya actividad se ha prohibido en países como Italia-, el sector hotelero y numerosos colectivos tienen las mismas demandas para los gobiernos autonómicos en torno a la regulación de portales como Airbnb, el principal referente para alquilar pisos particulares por días o semanas a módicos precios.

Uno de los principales problemas a nivel legal es que la inmensa mayoría de los alquileres turísticos carecen de la licencia correspondiente -por ejemplo, según un informe de comienzos de año en Madrid solamente están registrados 900 edificios, pero según las estadísticas de la web especializada AirDNA, existen más de 10.000 ofertas de alquiler en la plataforma, el 64% por la casa completa y el 34% para una habitación.

Airbnb busca solución al problema de los impuestos en Europa

Esto repercute en la dificultad para acceder a un alquiler y la reducción del mismo. Según estadísticas proporcionadas por el portal Idealista, alquilar un piso se ha encarecido en torno al 15% en nuestro país. Por el momento, mientras que en el plano internacional Londres, Amsterdam o Nueva York han limitado el número de noches al año que los propietarios de Airbnb pueden alquilar sus viviendas -90 en el caso londinense, 60 en el holandés y 30 en el neoyorquino-, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona buscan vías para solucionar el problema. En la propia Ciudad Condal se sancionaba el pasado año con 600.000 euros a los portales Airbnb y Homeway por ser intermediarios para alquilar pisos no registrados como turísticos.

A la espera de ver la evolución de la regulación a nivel más amplio de la economía colaborativa, el pasado jueves, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca anunciaba que prohibirá este verano el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad bajo pena de multas de hasta 40.000 euros para aquellos que promocionen esta actividad. También Valencia multaba recientemente con 120.000 euros a Airbnb y plataformas similares por no acreditar que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas.

Sobre el autor de este artículo

Andrea Núñez-Torrón Stock

Licenciada en Periodismo y creadora de la revista Literaturbia. Entusiasta del cine, la tecnología, el arte y la literatura.