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La propuesta para multar a quién pague tarde a autónomos y pymes llega al Congreso

La propuesta para multar a quién pague tarde a autónomos y pymes llega al Congreso

La proposición de ley de Ciudadanos que pretende atajar la morosidad llega al Pleno del Congreso de los Diputados. En ella, se plantea el establecimiento de un régimen sancionador que castigue con multas de entre 60 y 819.780 euros a quienes tengan deudas económicas con las compañías.

La proposición de ley elaborada por Ciudadanos busca establecer un régimen sancionador que castigue a aquellos que tardan en pagar a autónomos y empresas, siendo las pymes las más afectadas por la morosidad y los retrasos en los pagos. También el colectivo de los autónomos ha pedido en numerosas ocasiones medidas para frenar la morosidad o la creación de un buzón anónimo mediante el que los trabajadores autónomos puedan denunciar a los morosos o a las empresas y Administraciones Públicas que incumplen los plazos de pago.

Las empresas públicas españolas, entre las más morosas de Europa

La propuesta de ley que llega al pleno del Congreso de los Diputados establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que cataloga como infracción muy grave el hecho de que dicho plazo legal de pago se exceda en más de sesenta días. También se pretende poner en marcha un sistema de arbitraje que solvente los conflictos entre empresas.

La iniciativa fue registrada el pasado mes de mayo y en este momento está auspiciada por diversas asociaciones de autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). Uno de sus principales propósitos es perseguir la impunidad que existe en España ante el incumplimiento de los plazos de legislación por parte tanto de personas y organismos privados como públicos. En el pasado año 2016, el periodo medio de pago en el sector público llegó a los 71 días, 77 en el caso del sector el privado. 

Más de 800.000 euros para las infracciones graves

Las infracciones graves establecerán multas entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad. Por su parte, las sanciones para las infracciones muy graves pueden oscilar entre los 409.891 euros a 819.780 euros.

Por último, esta proposición quiere sentar las bases para la creación de un Sistema Arbitral de Morosidad, que encomiendan al Gobierno desarrollar con amplitud en el reglamento de la ley, abarcando su organización, gestión y administración y su procedimiento de resolución de conflictos. Otro de los puntos básicos de la obligatoriedad para las empresas a la hora de publicar en las memorias de sus cuentas anuales. 

Fuente | Cinco Días

Sobre el autor de este artículo

Andrea Núñez-Torrón Stock

Licenciada en Periodismo y creadora de la revista Literaturbia. Entusiasta del cine, la tecnología, el arte y la literatura.