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La letra pequeña del Plan Estatal de Vivienda limita su alcance real

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Escrito por Marcos Merino

Los jóvenes de hasta 35 años residentes en grandes ciudades recibirán hasta 390 € al mes para pagar su alquiler. Los expertos temen, sin embargo, que los que queden fuera del acceso a las ayudas se vean obligados a sufrir una subida artificial de los precios.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado ayer con dos meses de retraso con respecto al objetivo inicial, ya aparece recogido en el BOE. Llega con una dotación de 1.443 millones de euros bajo el brazo para los próximos cuatro años (un 62,5% más que el anterior plan), e incluye, como medida estrella, la ampliación a los menores de 35 de la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler “digna y adecuada”.

“Es un plan con enorme vocación social que no surge de la noche a la mañana”, explicaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa post-Consejo de Ministros. “Se han incorporado mas del 80% de las sugerencias recibidas en el proceso por parte de las autonomías, de los ayuntamientos y los profesionales del sector”. El ministro también ha destacado que aborda “con especial atención” la problemática de “las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual” y la inclusión de “ayudas a la accesibilidad universal, así como a las familias numerosas”.

¿Qué es más rentable: comprar o alquilar casa?

Sin embargo, más allá de las declaraciones, la letra pequeña del Plan incluye varios factores que limitan el alcance real del mismo:

La trampa del acceso a la vivienda en propiedad

El 93% de los jóvenes españoles quedan excluidos de las ayudas a la compra de vivienda, pues éstas están limitadas a los residentes en municipios de menos 5000 habitantes. Según el portal inmobiliario idealista.com, tan sólo el 24% de las viviendas disponibles en nuestro país se ajusta a esa condición, y la mayoría se concentra en poblaciones del interior peninsular sin mucha demanda de vivienda.

Además, la norma incluye otros condicionantes, como que el precio máximo de la vivienda sea de 100.000 o que la renta del demandante, o núcleo familiar, debe ser tres veces inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Limitaciones en el acceso a vivienda alquilada

También existen limitaciones relativas al alquiler, pese al declarado interés del Gobierno en fomentarlo, puesto que el Plan marca que los contratos de arrendamiento no deben superar los 600€ (aunque existan excepciones bajo ciertas condiciones). A día de hoy sólo el 25% de las viviendas ofertadas en Madrid y el 15% de las de Barcelona cumplen con este requisito. Pese a ello, es bastante probable que el plan genere una subida artificial de los precios del alquiler… que pagarán precisamente los que queden excluidos del mismo.

Retrasos y desigualdades

Aunque se contempla la aplicación retroactiva de las ayudas a partir del 1 de enero, lo cierto es que pasarán meses antes de que las medidas recogidas en el Plan sirvan de algo: muchas de ellas deberán esperar a que el Gobierno central firme convenios con las comunidades autónomas y los ayuntamientos (como, por ejemplo, en el caso del acceso de desahuciados a las viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras)… convenios que tardarán meses en negociarse y que, una vez negociados, deberán abrir plazos para la difusión y solicitud de las ayudas. Eso por no mencionar que los distintos acuerdos a los que se llegue en cada caso pueden provocar, potencialmente, la aparición de fuertes desigualdades entre regiones.

Vía | La Información

Sobre el autor de este artículo

Marcos Merino

Marcos Merino es redactor freelance y consultor de marketing 2.0. Autodidacta, con experiencia en medios (prensa escrita y radio), y responsable de comunicación online en organizaciones sin ánimo de lucro.