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Jugar a cara o cruz: la mitad de la empresa española, víctima de un delito económico en los últimos dos años

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El 32% de los encuestados en un estudio de PwC asegura haber tenido pérdidas de entre 100.000 y un millón de dólares como consecuencia del delito económico más grave experimentado en los últimos dos años.

Malas noticias nos llegan desde el tejido empresarial español, al menos en lo referente a delitos económicos. Según un nuevo estudio de PwC, el 54% de las compañías patrias asegura haber sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos dos años, por encima de la media mundial. Unas cifras que nos sitúan por encima de la media mundial (49%), en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%).

Desde 2009, el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido casi veinte puntos –del 35% al 54%-. Un incremento que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y, paradójicamente, con una mayor implantación y efectividad de los mecanismos de detección y la creciente preocupación en las organizaciones por el fraude económico.

La apropiación indebida de activos es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas españolas seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable, y el ciberfraude. Precisamente, los encuestados consideran que los delitos derivados de los ciberataques van a ir ganando peso significativamente durante los próximos dos años y aumentando tanto en número como en impacto en las organizaciones.

Negocio conectado, negocio rentable: la ecuación constatada por un nuevo estudio

El documento revela que los daños para las empresas víctimas de delitos económicos son múltiples. Por un lado, están los costes económicos directos. En España, por ejemplo, el 32% de los encuestados en el estudio asegura haber tenido pérdidas de entre 100.000 y un millón de dólares como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años; y un 34% eleva estas pérdidas por encima del millón dólares. Por otro, están los costes indirectos -abogados, investigaciones internas, externas, etcétera-, cuya cuantía aunque inferior es significativa. Y, por último, están los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados.

En las empresas españolas, el 50% de los fraudes que se producen son cometidos por alguna persona de dentro de la organización, mientras que un 33% vienen de fuera de la compañía. En cuanto a la autoría de los fraudes internos, la práctica totalidad los realizan miembros del equipo directivo y cargos intermedios. Mientras que en el caso de los delitos externos, las responsabilidades se reparten entre los proveedores -42%, consumidores/clientes -50%-, hackers -25%-, intermediarios -25%- y competidores -8%-.

El informe concluye que, en los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas han aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años. Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el correspondiente programa.

Sobre el autor de este artículo

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, La Razón, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo, ganador del Premio Día de Internet 2018 a mejor marca personal en RRSS y finalista en los European Digital Mindset Awards 2016, 2017 y 2018.