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Ayudas de hasta 10.800 euros a jóvenes españoles para comprar vivienda

Ayudas de hasta 10.800 euros a jóvenes españoles para comprar vivienda

El Gobierno ha presentado hoy el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en palabras del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, posee un “enfoque claramente social” y está orientado a ayudar a jóvenes, mayores y familias desahuciadas.

A partir del año que viene, mejoran y se amplían las ayudas institucionales en relación al alquiler o a la compra de vivienda habitual. Los jóvenes de hasta 35 años son uno de los colectivos beneficiados de las novedades plasmadas en el nuevo borrador, ya que a partir de 2018 podrán obtener hasta 10.800 euros para la compra de vivienda habitual si tienen unos ingresos mensuales inferiores a 1.597,53 euros -cifra que equivale tres veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM-, con un límite del 20% del valor del inmueble.

Además de los requisitos económicos, los beneficiarios deberán residir en la vivienda por lo menos durante cinco años. En el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 también se contempla el apoyo a los jóvenes para el alquiler, subvencionando hasta el 50% de la renta para alquileres de hasta 900 euros durante un periodo de tres años. Con ello, el Gobierno pretende incentivar la oferta de alquiler a precios asequibles, ayudar a los sectores más necesitados de la sociedad en torno a la vivienda, flexibilizar la gestión de las CCAA y promocionar la rehabilitación.

Gentrificación 2.0 y turistificación, las consecuencias del “efecto Airbnb”

Junto a los jóvenes, las personas mayores de 65 años con unos ingresos también inferiores a tres veces el IPREM y un patrimonio inferior a 100.000 euros podrán escoger durante tres años entre una ayuda de hasta el 50% del alquiler -si este no sobrepasa los 900 euros- o una ayuda para la vivienda en propiedad de 200 euros mensuales en concepto de gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos -agua, luz y gas-.

El proyecto del Ejecutivo también pretende ayudar a las familias desahuciadas y con ingresos inferiores a tres veces el IPREM con viviendas vacías del banco malo semipúblico Sareb y de las entidades financieras. Los precios de los alquileres oscilarán 150 y 400 euros mensuales, y la ayuda pública podrá llegar hasta el 100% durante dos años, según la valoración de los servicios sociales autonómicos o municipales. La renta quedará asumida entre el Ministerio (80%) y las autonomías (20%).

También cabe destacar que el Gobierno tiene intención de abonar hasta el 40% de la inversión a las entidades públicas y privadas que levanten edificios o complejos residenciales orientados durante al menos cuatro décadas al alquiler para personas mayores.

La burbuja del alquiler y el boom turístico

La aparición de fenómenos como el famoso portal de reservas Airbnb y la gentrificación de los barrios céntricos de las ciudades ha disparado los precios del alquiler, especialmente en Madrid, Catalunya, País Vasco y Baleares, ya que la demanda y la oferta no crecen en la misma medida, mientras que la crisis económica ha disminuido la capacidad de compra de vivienda, sumada a la movilidad laboral y a los precios inflados por la turistificación.

De esta manera, con el fin de abaratar el alquiler y dotar a la ciudadanía de un acceso más sencillo a la vivienda, los hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM podrán beneficiarse de ayudas de hasta el 40% del alquiler de la vivienda habitual -anteriormente era de 2.400 euros anuales- durante tres años siempre que el arrendamiento no supere los 900 euros al mes -frente a los 600 del anterior Plan 2013-2016, prorrogado a 2017-.

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El Ejecutivo también subvencionará con hasta el 50% de la inversión y 36.700 euros por vivienda a los promotores públicos, y también por primera vez, a los promotores privados que construyan pisos destinados a alquiler para familias con rentas bajas durante 25 años, que hasta la actualidad eran de 50.

Por el momento, las autonomías han mandado 250 propuestas a Fomento, que debatirá el contenido con las propias comunidades, ayuntamientos y sector privado hasta el 30 de este mes. Si todo va en orden, la versión final se tramitará en junio y entrará en vigor en enero de 2018. 

Sobre el autor de este artículo

Andrea Núñez-Torrón Stock

Licenciada en Periodismo y creadora de la revista Literaturbia. Entusiasta del cine, la tecnología, el arte y la literatura.