Uno de los aspectos más relevantes de la directiva europea MiFID II es la relativa a la formación de los empleados que venden o informan sobre productos de inversión. Esta legislación, aprobada por el Parlamento Europeo, entrará en vigor en enero de 2018 y para entonces los trabajadores de banca tendrán que haber acreditado que cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.
Para ello, las entidades españolas llevan meses ofreciendo formación a sus empleados para prepararles para el examen que, de superar con éxito, les otorgará uno de estos dos certificados: en información en servicios financieros (CISF) o en asesoramiento en servicios financieros (CASF), en función del rol (informador o asesor).
Para preparar a sus empleados para la prueba, el Santander llegó a un acuerdo con IE Business School y el Financial Times, quienes han ofrecido instrucción a unos 11.000 empleados de los 20.000 que la entidad tiene en España. La primera convocatoria ya está abierta y se celebra en 22 universidades de toda España.
En total se calcula que serán evaluados cerca de 200.000 trabajadores del sector en nuestro país.
Requisitos y conocimientos para recibir el certificado
La acreditación será externa, de modo que servirá a los empleados para desempeñar su labor en cualquier otra entidad. En el caso de el Santander, este banco va a crear una unidad específica de evaluación y calificación de las pruebas, formada por tres directores generales.
La CNMV, organismo encargado de supervisar la formación de los empleados y de ejecutar la directiva MiFID II en España, está elaborando además su propia lista de certificadores.
Para certificar a los empleados no se tendrán en cuenta sólo los resultados de la prueba, sino también su formación universitaria y acreditaciones externas. Según un sondeo de la Comisión Europea, el 72% de los empleados tiene título universitario, el 14% bachillerato y 4% estudios primarios. Del 10% restante no se tienen datos.
Los empleados dedicados a informar tendrán que acreditar que conocen en profundidad las características y los riesgos de los productos financieros y que son conscientes de los costes para los clientes. Los trabaderos que asesoran tienen que saber cómo el producto puede no ser adecuado, los requisitos de idoneidad y principios de gestión de carteras.
Credibilidad relativa de una evaluación interna
Algunos han criticado que sean los propios bancos los que acrediten que sus empleados tienen los conocimientos necesarios y no auditores externos, porque no da garantías de que los errores del pasado (y que en buena medida provocaron la crisis) puedan volver a ocurrir.
La decisión de que las entidades avalúen internamente a sus plantillas la acordó la CNMV con las asociaciones de bancos, de las antiguas cajas, de las gestoras de fondos y de los asesores independientes.
Vía | Cinco Días
