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La nueva LPI, una ley tramitada “a espaldas de la UE”

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Escrito por Redacción TICbeat

El proceso legislativo que ha llevado a cabo el Gobierno para sacar adelante la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada el pasado mes de octubre, y con ella el polémico Canon Aede ha cometido “serias irregularidades” en sus obligaciones europeas, según recuerda la Coalición ProInternet

El proceso legislativo que ha llevado a cabo el Gobierno para sacar adelante la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada el pasado mes de octubre, y con ella el polémico Canon AEDE –una nueva regulación del derecho de cita promovida por los medios englobados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que tendrá importantes consecuencias en los agregadores de contenidos en la Red, los blogs, los medios de comunicación digitales y en cualquiera que quiera citar y enlazar a otro site dentro de su espacio web– ha cometido “serias irregularidades” en sus obligaciones europeas, según recuerda la Coalición ProInternet.

Desde la entidad no dudan en denunciar que “Gobierno ha actuado ‘a espaldas’ de Europa en este proceso”, ya que se “ha saltado” un procedimiento esencial en éste como es la comunicación a la Unión Europea. En este sentido, la Unión Europea ha confirmado por escrito (hasta en dos ocasiones, indican desde la Coalición) que el texto de la Ley que se le comunicó no contenía artículos que se han aprobado finalmente, como el 32.2 que regula el Canon AEDE. Este aspecto, reza un comunicado de la Coalición, “puede suponer una seria traba en la puesta en marcha de la Ley”.

En una carta recibida por la Coalición Prointernet de la Dirección General Europea encargada del mercado único, este ente ha confirmado por escrito a la Coalición  que “las autoridades españolas han realizado modificaciones “ y que “deberán comunicarlas”.

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Por otro lado, según han confirmado fuentes de las Direcciones Generales Europeas afectadas a la Coalición Prointernet, la Ley debería haberse comunicado en su totalidad ya que “es una comunicación de obligado cumplimiento” y que “están monitorizando la situación” ante el incumplimiento por parte de España de este procedimiento. El Gobierno Español, consultado asimismo por la Coalición ProInternet insiste en que sí ha comunicado, pero en una fecha en la que determinados artículos, como el polémico 32.2 (relativo al llamado Canon AEDE), no podían haber estado incorporados, ya que se anunciaron con posterioridad. “Esto significa que el Gobierno de España ha incumplido sus obligaciones con la Unión Europea, pese a que las normas son muy claras”, afirma el comunicado de la Coalición.

Vía para una futura batalla legal

La Coalición ProInternet muestra su sorpresa por la situación creada, en al que una Ley que se presentó con modificaciones sustanciales en febrero de 2014 no ha sido comunicada a las autoridades europeas en más de nueve meses. “El no haber cumplido con este procedimiento esencial puede paralizar la aplicación de la Ley y tener consecuencias para el Estado Español en forma de graves sanciones”, señala el comunicado de la Coalición. Esto, sumado a la posición de la CNMC, que ya dio muestras de estar en contra de esta ley, se “abre la vía a una futura batalla legal tanto en España como en Europa”.

El equipo de la anterior vicepresidenta europea, Nelie Kroes, confirmó también por escrito, a petición de la coalición, que “preservar una Internet abierta es esencial para la innovación el crecimiento y el empleo”. De acuerdo con la en ese momento vicepresidenta, la nueva Ley española debe “cumplir la normativa de la EU, incluyendo las normas de competencia” y que por tanto, y tras la solicitud de la Coalición Prointernet “va a monitorizar este proceso, a la luz de las leyes de la UE”.

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Además, en el proceso de aprobación de la LPI, que ha salido adelante tanto en el Senado como en el Congreso con la sola aprobación de los votos del PP, “no se ha mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas”, recuerdan desde la Coalición, “en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales”. Por ello, la Coalición Prointernet “reitera su petición al Gobierno de la Nación para que paralice la entrada en vigor de la LPI, incluyendo el polémico artículo 32.2 y sus modificaciones, conocidos como Canon AEDE, y abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas”.

 

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