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La “ley del crowdfunding”: confusa para todos, perjudicial para ¿algunos?

La “ley del crowdfunding”: confusa para todos, ¿perjudicial para algunos?
Escrito por Manuela Astasio

TICbeat habla con dos miembros del sector y un abogado para acotar las principales dudas que despierta este apartado de la futura Ley de Fomento Empresarial.

Las plataformas españolas de crowdfunding llevan tiempo reclamando, en pos de una mayor transparencia y confiabilidad, la regulación de su sector. Sin embargo, la noticia de que el Gobierno ha iniciado los trámites para ello ha sido recibida con poco entusiasmo: la normativa es todavía un borrador, pero ya existen muchas dudas acerca de cómo afectará a este tipo de financiación.

¿Estarán sometidos todos los tipos de crowdfunding a los mismos requisitos? ¿Ha acabado la “libertad de micromecenazgo” en nuestro país? La mecha prendió el pasado 28 de febrero: el Consejo de Ministros anunció que había aprobado el anteproyecto de la Ley de Fomento Empresarial, y que éste incluía, como ya ha sucedido en otros países europeos, una propuesta para regular el crowdfunding. Se dieron solo algunos detalles preliminares de qué aspectos serían legislados, pero fue más que suficiente para que, a través de las redes sociales, se propagara la inquietud entre las plataformas y los abanderados de este sector en España.

El equipo de la plataforma Lánzanos lo expresaba así en una entrada en su blog corporativo: la ley resultaba, en sus palabras, “confusa y perjudicial para todos”.

Entre las cuestiones concretas que más polémica han causado está la fijación de topes para la inversión individual tanto por proyecto (3.000 euros) como por plataforma (6.000 euros), el límite de fondos para cada proyecto (un millón de euros) y la posibilidad de sanciones administrativas para las empresas que no cumplan con los requerimientos legales, así como el establecimiento de un capital social mínimo de alrededor de 100.000 euros para constituir una sociedad de este tipo.

Y en cuanto a lo menos concretos… ya hay quien ha pronosticado que al sector le “han cortado las alas”, y se preocupa por el futuro de todos los proyectos, tanto culturales como científicos o puramente empresariales, que miraban hacia esta vía de financiación como una alternativa esperanzadora.

Sin embargo, como explica a TICbeat el abogado Rafael García del Poyo, experto en nuevas tecnologías, en realidad “esto es solo el principio”, y a la ley todavía le queda un largo trayecto para materializarse, que incluirá, entre otras cosas, trámites parlamentarios y las propuestas de los lobbies pertinentes. Es decir, que el texto puede cambiar antes de aprobarse.

No todos los ‘crowdfundings’ son iguales

Entre las cuestiones que el proyecto de ley todavía debe resolver, destaca una: a qué tipo de crowdfunding se va a aplicar la normativa. ¿A todos o solo a unos muy concretos? Existen varias formas de microfinanciación, que se distinguen por la contraprestación que ofrecen a sus inversores.

Probablemente, de ellos, el más conocido en nuestro país sea el de recompensa, muy utilizado en la financiación de proyectos culturales emergentes y especialmente popular desde el caso de la película El Cosmonauta en 2011, el primero más sonado de crowdfunding. Quien hace su aportación en este tipo de proyectos suele llevarse, a cambio, una recompensa no económica, proporcional a su participación: un ejemplar del libro o disco financiado, unas entradas para el concierto, una camiseta firmada… incluso una cena con el artista.

Pero, además del de recompensa existen más categorías de crowdfunding, como el de inversión o equity crowdfunding y el de préstamo, también conocido como crowdlending, más minoritarios, ambos, en España. ¿Debería estar regulado de la misma forma el crowdfunding de recompensa que el de inversión o préstamo?

Según Roi Villar, de la plataforma de micromecenazgo I love science, que nació para paliar el daño que la crisis está produciendo en la ciencia, estos dos últimos tipos aglutinan poco más del 30% del crowdfunding que se realiza en España.

Villar tiene también bastante claro que la legislación en la que trabaja el Gobierno no afectará a plataformas de recompensa como la suya. “El anteproyecto se refiere a la financiación empresarial, y nosotros no nos dedicamos a esto. Hacemos capital semilla para pequeñas empresas de base tecnológica, pero financiamos a fondo perdido y nuestros inversores no pueden reclamar ningún derecho o participación en los resultados futuros, simplemente reciben una recompensa a cambio de su participación”, explica.

Algunos cambios necesarios ¿para todos?

Cuando se relaciona con los crowdfunding de inversión o préstamo, el posible establecimiento de un capital social mínimo no resulta tan mal recibido, al menos en el caso de las fuentes consultadas por TICbeat. José Carlos Vallecillo, CEO del equity crowdfunding Bihoop, considera que dicha medida puede ser muy positiva en cuanto a seguridad,  y que, a nivel empresarial, permitiría que el sector tuviera más estructura, puesto que ahora, reconoce, “la gran mayoría de plataformas son iniciativas de emprendedores”.

A Villar, de I love science le parece que “la regulación es necesaria”, como también lo es “una vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. “Los inversores esperan obtener un retorno y deben estar protegidos y saber qué riesgo asumen. En ese sentido, existe, a juicio de Villar, una responsabilidad civil, que debe ser cubierta por un seguro o capital social, aun más en aquellos casos de crowdfunding en los que se espere una rentabilidad futura de la inversión. “Eso”, dice, “lo cambia todo”.

Pero para el abogado Rafael García del Poyo, resultaría muy difícil regular “solo una parte del sector”. “En principio, el borrador sería solo para el equity y el crowdlending, las actividades más profesionales, pero es injusto pensar que no será así para las demás. Me extrañaría mucho, es difícil que la ley cubra únicamente a una parte”, nos cuenta el letrado.

Sin noticias del Gobierno

A las plataformas consultadas por TICbeat les ha sorprendido que el Gobierno todavía no se haya puesto en contacto con ellas para consultarles su opinión sobre el proyecto de ley. Vallecillo, de Bihoop, explica que en junio de 2013 su plataforma participó en un taller de la Comisión Europea para mejorar las alternativas, pero que nadie ha contactado con ellos desde la administración estatal. “Nos sorprende que desde Europa se nos invitara a plataformas españolas a hacer brainstorming y que, en cambio, no haya habido contactos así desde el Gobierno español”. “En España hay diferentes plataformas que llevan años, que son profesionales, y todos podemos dar nuestro punto de vista”, señala Vallecillo, que aclara que eso no quiere decir que no se preste “a colaborar a partir de ahora”.

Un “dique de contención”

Que no piense que va a afectar a su plataforma no implica que al responsable de I love science no le disgusten algunos aspectos del proyecto de ley. “3.000 euros es poco dinero para un proyecto empresarial que está arrancando”, observa, en referencia a los límites a las aportaciones individuales por proyecto. Villar cree que en España existe “mucha resistencia al cambio”, y que este proyecto de ley es un intento de poner “límites al crowdfunding para mantener los privilegios de las entidades bancarias” y conseguir, así, “que las empresas se sigan financiando como siempre”.

“Es un dique de contención, como el botellódromo en el que se hace el botellón en algunas ciudades; una forma de permitir que exista pero conteniéndolo”, reflexiona.

Sobre el autor de este artículo

Manuela Astasio

Soy una periodista especializada en nada, que ha pasado por Deportes, Agroalimentación, Cultura y por la delegación de Efe en México DF. Ahora me toca hablar de nuevas tecnologías y redes sociales, cosa que hago con mucho gusto y un poco de cinismo.