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Impacto legal, social y económico del ‘derecho al olvido’

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el llamado ‘derecho al olvido’ establecerá nuevas reglas en los modelos de negocio que los actores implicados pretenden desarrollar en el sector de los servicios de la sociedad de la información

En una de las sentencias más esperadas de los últimos tiempos, no sólo por la relevancia de la materia sino también por uno de sus actores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arroja cierta luz sobre una serie de interesantes asuntos en materia de protección de datos, los cuales anticipan de alguna manera el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, el cual se espera que sea aprobado en el futuro más próximo.

Un primer aspecto que se puede destacar de la sentencia es la delimitación de la extensión del derecho al olvido que se puede ejercer frente a los motores de búsqueda cuya actividad consiste en la producción de resultados agregados de búsqueda tomados de sitios web de terceros (dicho sea de paso, este derecho fue renombrado como derecho de supresión por parte del Parlamento Europeo en su Posición sobre el Reglamento General Europeo de Protección de Datos). El TJUE establece en su sentencia que el gestor del motor de búsqueda debe proceder a eliminar aquellos datos personales relativos a particulares, siempre que carezcan de relevancia a nivel público, incluso en aquellos casos en que el sitio web del tercero de donde la información fue tomada para ser indexada no haya procedido a eliminar dicha información, con independencia del carácter lícito de la publicación por parte del tercero.

Así, el TJUE se aparta de lo establecido por el Abogado General N. Jääskinen el cual ponía en valor, en sus Conclusiones emitidas en 2013, el interés del público en general en acceder a información y a la libertad de expresión, como límites que el caso en cuestión no permitía rebasar. Asimismo, el abogado general negaba la existencia en la Directiva 95/46/CE de un derecho a favor de los titulares de los datos personales a la retirada por parte de Google de la información que aparece como resultado de las búsquedas efectuadas a través de su motor de búsqueda por ser dicha información considerada perjudicial para dicho sujeto.

Por su parte, el TJUE considera que un particular puede solicitar la eliminación de la información que se encuentre disponible al público a través del motor de búsqueda en tanto que los derechos que confieren a los particulares los artículos 7 y 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos podrán, dependiendo de las circunstancias concretas del caso, llegar a prevalecer frente al interés económico del gestor del motor de búsqueda y sobre el interés del público en general en conocer cierta información de un particular.

Sin embargo, el TJUE –a pesar de alcanzar esta conclusión– no procede a realizar una valoración, ni tampoco aporta criterios para llevarla a cabo en futuras disputas, acerca de cuándo el interés del público en general en acceder a determinada información debe ceder ante el derecho a la privacidad de los titulares de datos personales.

Por otro lado, debemos poner de relieve la forma en que la sentencia anticipa de alguna manera el contenido del futuro Reglamento General Europeo de Protección de Datos en cuanto a la aplicación territorial del derecho europeo de protección de datos. El TJUE introduce otro criterio para complementar el concepto de “en el ámbito de las actividades de un establecimiento del responsable en el territorio del Estado miembro” (Artículo 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE) a través del vínculo entre la actividad económica del establecimiento secundario (comercialización de espacios publicitarios), la cual es auxiliar o está íntimamente relacionada con la actividad económica del responsable del tratamiento situado fuera de la UE. La condición de auxiliar establecida por el TJUE se entiende en el sentido de que la finalidad de los espacios publicitarios que ofrece la filial española de Google es la obtención de recursos económicos suficientes para rentabilizar el servicio principal ofrecido por Google (su motor de búsqueda), el cual se ofrece sin contraprestación alguna por parte de los usuarios.

Nuevas reglas

La relevancia de este nuevo criterio introducido por el TJUE reside en el potencial impacto comercial y económico que podría llegar a tener sobre un amplio abanico de empresas que emplean la misma estructura que mantiene Google dentro de su grupo de empresas a nivel global. Este punto podría requerir un análisis más profundo y espaciado en el tiempo en tanto que puede conllevar (como efecto colateral no deseado o imprevisto) la retirada del mercado europeo de muchas compañías tecnológicas que en la actualidad dirigen sus servicios a los ciudadanos europeos para focalizarlos hacia otros mercados. Los servicios prestados por estas empresas deben obviamente cumplir con la legislación europea y nacional de los Estados miembros, no obstante, el sostenimiento de esta posición podría llevar a que algunos prestadores de servicios se vean desincentivados a prestar servicios a clientes residentes en estos mismos territorios.

Es difícil aventurar si, a la vista del contenido de esta sentencia del TJUE, el legislador europeo variará el enfoque adoptado en la elaboración del Reglamento General Europeo de Protección de Datos hasta este momento, pero es igualmente difícil negar que esta sentencia establecerá nuevas reglas en los modelos de negocio que los actores implicados pretenden desarrollar en el sector de los servicios de la sociedad de la información. En cualquier caso, lo que está fuera de toda duda es el hecho de que las decisiones que se contienen en la presente sentencia del TJUE han incidido decisivamente en el surgimiento de una oleada de solicitudes ante Google para ejercer el denominado derecho al olvido por parte de numerosos ciudadanos.

 

Rafael García del Poyo es abogado y socio responsable del Departamento de Derecho de los Negocios Digitales (Digital Business) de Osborne Clarke en Madrid. Es árbitro sobre comercio electrónico en la Junta Nacional Arbitral de Consumo con Confianza Online, sobre conflictos en materia de nombres de dominio con Red.es y en el Comité de Mediación y Arbitraje para la Energía y la Ingeniería con la AEADE.

 

Sobre el autor de este artículo

Rafael García del Poyo

Rafael García del Poyo es abogado y socio responsable del Departamento de Derecho de los Negocios Digitales (Digital Business) de Osborne Clarke en Madrid. Actúa como asesor jurídico en favor de clientes nacionales e internacionales del sector tecnológico. Como Secretario y letrado asesor de Consejos de Administración de numerosas compañías de tecnología, ha participado en la defensa de numerosos asuntos tanto ante los Tribunales españoles como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras instituciones.