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El debate en torno a la ‘Tasa Google’

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Escrito por Juan Calleja

Tomamos el pulso al debate sobre la llamada ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’, el punto más polémico propuesto en el nuevo Proyecto de Ley que modificaría la vigente LPI. En este artículo recogemos la opinión de expertos de Internet y de empresas a las que afectaría positiva o negativamente esta medida. La guerra no ha hecho nada más que empezar

Se avecinaba tormenta y lo que se ha desatado es un gigantesco debate que, incluso, puede acaparar más revuelo social y mediático que la polémica Ley Sinde. Después de que hace unos días el Gobierno hiciese oficial la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el artículo 32.3 referente a las citas, reseñas e ilustraciones con fines educativos o de investigación científica acaparó especial protagonismo y sorpresa para muchos por la inclusión en el texto del “derecho irrenunciable” de los generadores de contenidos de publicaciones periódicas o sitios web de actualización periódica y con finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento a percibir una compensación económica por parte de agregadores de contenidos en Internet como Google News –por citar el servicio más conocido– que hagan uso de “fragmentos no significativos” de sus textos e imágenes en su actividad ordinaria.

En resumidas cuentas, si el Proyecto de Ley de la LPI se aprueba tal como está ahora mismo redactado, cualquier usuario y empresa de Internet que quiera publicar artículos o contenidos de medios y blogs de actualización periódica, y a pesar de incluir el enlace a su web, de reproducir pocas líneas o palabras y de llegar a un acuerdo con el medio o blog en cuestión para utilizar parte o la totalidad de dichos contenidos, tendría que pagar a la entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual un fee por hacer uso de ese contenido en función de unas tarifas y términos que aún están por concretar y negociar.

La llamada ‘Tasa Google’ por gran parte de los medios de comunicación, y que estos días también ha sido denominada como ‘Canon AEDE’ por otras entidades y personalidades que están en contra de esta medida, está generando una guerra de opiniones acerca de cómo podría o no favorecer al sector de los grandes grupos de prensa del país y sobre las repercusiones inmediatas en empresas de menor tamaño como Menéame, uno de los agregadores de noticias al que le afectaría directamente la nueva Ley y que podría hasta cerrar, y en gigantes de Internet como Google, Facebook o Twitter ya que quizá no seguirían funcionando en territorio español como hasta ahora.

En TICbeat hemos querido tomar el pulso al debate, destacando algunas de las reflexiones y críticas más relevantes vertidas durante estos días y entrevistando a expertos del mercado de Internet y a entidades y empresas a los que les afectaría positiva o negativamente esta ‘tasa/canon’ propuesto en el nuevo Proyecto de Ley que modificaría la vigente LPI; la cual, ahora tiene que pasar por el Senado y el Congreso de los Diputados antes de comenzar a ser aplicada en unos meses.

Prensa versus agregadores: enemigos íntimos

“Esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual toma como partida diferentes directivas europeas en la misma materia con la que tratan de armonizar de alguna forma los contenidos y la forma en el que se mueve el mundo de las tecnologías de la información en el territorio europeo”, explica Rafael García del Poyo, abogado experto en tecnologías de la información y socio de Osborne Clarke. Con la legislación actual cualquier usuario o empresa de Internet que quiera publicar una parte de un contenido, siempre y cuando se cite la fuente y el sitio web donde se puede encontrar ese artículo, no hay ningún problema, “pero lo que se pretende con esta reforma de la LPI es establecer las bases jurídicas que posibiliten a los generadores de contenido cobrar cuando sus contenidos sean enlazados en otros blogs y páginas webs de actualización periódica y que así optimicen su modelo de negocio”, comenta el abogado.

Por hacer un inciso y situarnos en el contexto económico actual de varias de las compañías tecnológicas que operan en España y dos de los principales medios de comunicación españoles a los que les afectaría a su favor o en contra de su modelo de negocio esta controvertida medida, resaltamos los datos macroeconómicos principales de los últimos ejercicios. En el caso de Google, los ingresos de los de Mountain View en el cuarto trimestre de 2013 han aumentado un 17% con respecto al mismo periodo fiscal de 2012; 15.700 millones de dólares frente a 16.860 respectivamente, siendo 8.770 millones los que representan la facturación de Google fuera de EE UU en el último trimestre del pasado año. Las ganancias directas o indirectas que obtiene Google a través de Google News –en España no inserta publicidad– o de indexar contenidos de medios de comunicación online son desconocidas, aunque un estudio de la revista Telos, sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad publicada por la Fundación Telefónica expone que el 80% de las noticias que circulan por la Red de Redes provienen del periodismo tradicional y que el 80% de las ganancias por publicidad van a parar a los buscadores, principalmente a Google. El gigante tecnológico americano, ha obtenido en Francia, por poner un ejemplo, 1.000 millones de euros en ingresos por publicidad, según Francis Morel, el presidente del diario económico Les Echos.

También con sede en San Francisco, la revista social mundial por excelencia y uno de los agregadores de contenidos a los que les podría afectar la ‘Tasa Google’, Flipboard, fue fundada en 2010 en el corazón de Silicon Valley desde donde ha logrado hacerse con un capital total de más de 160 millones de dólares en apenas cuatro años –obtenidos principalmente en rondas de financiación en los que han participado, entre otros, cofundadores de Twitter o Facebook–. A día de hoy no ha llegado al breakeven ni de lejos –no hay datos públicos claros de sus últimos ejercicios–, pero está empezando a monetizar su servicio principalmente a través de la publicidad y catálogo de productos online según explicó hace unos meses su CEO Mike McCue.

Por otro lado, pasando al terreno de los grandes medios de comunicación, el Grupo PRISA, empresa editora de El País, perdió 648,7 millones de euros el pasado año, facturando por publicidad en prensa 282,49 millones de euros –un 10,2% menos que en 2012, a pesar de que la publicidad digital aumentó un 15,3% lo que supone un 25,5% del total de los ingresos publicitarios del grupo–. Por su parte, Unidad Editorial, grupo editor de El Mundo, registró 526 millones de euros de pérdidas operativas en 2012 registrando el EBITDA un resultado negativo de 22,5 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2013. No son públicos aún los datos de los ingresos publicitarios anuales de la cabecera en 2013, quizá RSC Mediagroup, el grupo mediático italiano dueño de Unidad Editorial, está esperando para publicar el alcance de la cuenta de resultados que han tenido como consecuencia del nuevo modelo de negocio implantado en su edición digital –‘El Mundo cambia de piel’-.

Las dos cabeceras que acabamos de mencionar, así como los pesos pesados de la prensa generalista española como el ABC, La Vanguardia o La Razón, pertenecen a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), entidad que está a favor del nuevo Proyecto de Ley de la LPI y que ha estado trasladando su punto de vista al Gobierno español desde que se empezó a trabajar en el borrador desde finales de 2012. José Gabriel González Arias, director general de AEDE, se muestra satisfecho con el nuevo texto: “La nueva norma defiende expresamente los derechos de propiedad intelectual de los editores. El argumento es claro: como sus empresas elaboran la mayor parte de las noticias y de la agenda informativa del país, y desde luego la parte más sensible para una sociedad auténticamente democrática, los editores también deben recibir una compensación equitativa por ese esfuerzo, una compensación que correrá a cargo de los agregadores o de cualquier otro que se beneficie económicamente de esos contenidos. Para nosotros es digno de aplauso y tiene máxima importancia que se nos reconozca este principio”.

González Arias apoya de esta forma las palabras del presidente de la AEDE y consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, tras conocer el pasado 14 de febrero las modificaciones de la también conocida como ‘Ley Lasalle’, quien declaró que la inclusión del derecho de compensación por parte de los agregadores era “el paso más importante que ha dado el Gobierno de España para la protección de la prensa” y se mostraba seguro de que dicha medida iba “a ser seguida por el resto de los países de Europa”. Por otro lado, desde CEDRO, la asociación que gestiona los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores y editores españoles y que parece que sería la entidad encargada de gestionar los cobros de la tasa a los agregadores de noticias y de pagar a los generadores de contenidos afectados, ha recalcado que esta medida supone el “reconocimiento explícito de un derecho por un determinado uso de sus obras y consideramos positiva la reafirmación del derecho de propiedad intelectual”.

Por su parte, Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de la Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL), entidad de las que son miembros empresas como Google, Facebook, Ebay o Amazon, entre otras, se ha mostrado totalmente en contra de la tasa a los agregadores de noticias. “Entendemos que exigir una remuneración por enlazar un texto o un fragmento “no significativo” va en contra de la esencia misma de Internet y de su potencial innovador. Colisiona seriamente con nuevos modelos de negocio y coloca en una situación de desventaja competitiva a empresas españolas respecto a las de nuestro entorno porque es una medida excepcional dentro de la UE. Si hay alguien que piensa que por un lado los responsables de la crisis de ciertos medios son los agregadores de noticias y que por otro lado una tasa de este tipo va a resolver la situación es que tiene un desconocimiento total de la situación actual”.

La presidenta de ADIGITAL, una de las emprendedoras españolas más reconocidas en el mercado de Internet, ha subrayado, por otro lado, “el total compromiso de ADIGITAL con la protección de derechos de autor y su apoyo a la reforma que adapte la regulación a la realidad actual y futura de los medios digitales y que tenga en cuenta a Internet como elemento transformador de todas las actividades económicas”. En la misma línea crítica se han mostrado las medios miembros de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), entidad a la que pertenecen un alto número de editores de prensa de España –entre otros, Eldiario.es o el 20 Minutos–, quienes a través de un comunicado lanzado la semana pasada, manifestaban que “la transformación digital es para los editores una oportunidad y no una amenaza” y que la Propuesta de Ley de la LPI “supone un retroceso para España en el panorama digital”.

Asimismo, la AEEPP ha enfatizado en otro de los puntos de la nota de prensa que “frente modelos obsoletos, nuestros editores no pretenden detener la rueda de la historia sino adaptarse permanentemente a los cambios, convencidos de que la función de los creadores y gestores de contenidos tienen un futuro brillante en el entorno digital”. Por último, dicha entidad presidida por el periodista Arsenio Escolar, considera en otro de los puntos que “compartir contenidos, si se hace respetando los derechos de aquellos que deseen ejercerlos es beneficioso para todos: para los usuarios/lectores, para las herramientas que lo facilitan y para los medios de comunicación”.

Las dos posiciones y actores en el debate están claros; por un lado, los grandes grupos de la prensa española, quienes exigen un nuevo marco jurídico para mejorar el control del uso de sus contenidos en Internet revalorizando el coste de su producción y, por otro lado, las empresas y entidades de Internet así como los medios de comunicación que apuestan por compartir contenidos puesto que lo consideran un beneficio y no un perjuicio y que abogan por la innovación y la adaptación de sus modelos de negocio a los permanentes cambios que se producen en la forma de consumir información en la Red. Pero, si finalmente se pone en marcha la reforma de la LPI en unos meses, ¿cómo saldrían beneficiados y perjudicados los grandes medios de comunicación y los agregadores de contenidos?

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Cui prodest?

Tras hacer varios intentos por contactar con responsables de comunicación de algunas de las grandes empresas editoras de prensa españolas a lo largo de la semana pasada y no conseguir su declaración, rescatamos algunos artículos y editoriales de los medios que están a favor de la medida. El País titulaba su editorial del día posterior a la aprobación del Proyecto de Ley de reforma de la LPI, ‘Justa compensación’. Cabe destacar del editorial la satisfacción que muestra el periódico de PRISA ante la nueva tasa a aplicar a los agregadores de contenidos ya que considera que es un “principio esencial” puesto que la publicación y difusión masivamente de contenidos es una “práctica lesiva para la prensa”. Por su parte, El Mundo titulaba el editorial del mismo día: ‘Un primer paso esperanzador contra los desprotección de los periódicos’. La cabecera de Unidad Editorial aplaudía también la reforma de la ‘Ley Lasalle’ puesto que defenderá a los diarios ante la impunidad con la que han desarrollado su actividad los agregadores de noticas enriqueciéndose “a costa del trabajo ajeno”.

Ambos periódicos también hacen referencia a los casos europeos de Francia, Bélgica o Alemania, países en los que editores de prensa han llegado a acuerdos con Google de diferente tipo, más o menos restrictivos o de compensación económica, según los casos, como ejemplos donde ya se ha modificado el marco jurídico en el que operan los agregadores de contenidos y como espejo donde poder comparar la actual tasa a aplicar. Por último, El Mundo se pregunta qué medida tendrán esos fragmentos no significativos y “hasta qué punto se podrá acotar la libertad de los usuarios que comparten enlaces de noticias en redes sociales, o exigir por ello a las plataformas una indemnización”.

Ante la última cuestión que lanzaba al aire el editorial de El Mundo sobre si la nueva ‘Ley Lasalle’ afectaría por extensión a redes sociales como Facebook o Twitter, el abogado Rafael García del Poyo responde: “En Twitter y Facebook, o en otras redes sociales, como usuario sí que estás utilizando una propiedad intelectual de terceros y no la red social por lo que deberías saber que es tu responsabilidad si deberías utilizar ese enlace o no”. Entonces, ¿cómo podría sostenerse que los usuarios de Twitter o Facebook tuvieran que pagar la tasa por agregar enlaces a contenidos de medios o blogs online con actualización periódica? “Lo máximo que podría ocurrir es que una compañía se dirigiese a la entidad pública de gestión del cobro de la tasa diciendo que un usuario está todo el día enlazando a sus artículos y que eso no está permitido y quizá podría ir a juicio, pero, ¿tú has oído alguna vez ese caso con los millones de usuarios que hay en las redes sociales?”, explica el abogado.

Muy diferente a los casos de Facebook y Twitter, tanto en naturaleza de su actividad como en el del número de usuarios es Menéame, pero sí es uno de los agregadores más populares de España y al cual le afectaría directamente la reforma de la LPI. Como consecuencia y protesta hacia esta Propuesta de Ley, el pasado 17 de febrero los usuarios del site dejaron de votar o votaban negativamente a las noticias de los medios de AEDE. Uno de los cofundadores, Ricardo Galli, duda de si sería posible “evitar pagar el futuro canon si eliminamos los enlaces a las noticias de los medios de AEDE o CEDRO como planteaba recientemente en un artículo Javier de la Cueva. Podría ser que haya salidas legales, pero esto significaría ir a juicio con la incertidumbre que se genera”, comenta Galli con cierta resignación. Galli se ha convertido en la voz principal ante los medios en defensa de las empresas de agregación de noticias con sede en España y ya ha hablado de que existen otras dos posibles opciones para continuar con la actividad si le aprueba definitivamente en trámite parlamentario este Proyecto de Ley: “Cerrar o irnos de España”. En lo que respecta a “emigrar” a otro país Galli explica que “hay posibilidades de irnos a Dublín, donde tenemos nuestros servidores o a Andorra que está cerca. Pero hay que ver qué pasa en el resto de Europa porque puede que el nuevo modelo español se tome como referencia para toda Europa. Si nos vamos fuera de Europa, la verdad es que no sé cómo sería mover todos los datos y las complejidades legales y logísticas que conllevaría ir, por ejemplo, a Estados Unidos”.

Ricardo Galli ya ha señalado en varias ocasiones que Menéame beneficia más a los medios económicamente que lo que ellos generan por agregar sus noticias, generando, por ejemplo, 1,8 millones de visitas desde su portal a los medios de la AEDE durante el pasado mes de enero. Galli asegura que cada visita de Menéame al sitio enlazado genera ingresos casi veinte veces superiores que lo que les genera al agregador y que en 2013 cerraron el ejercicio con 10.000 euros de pérdidas.

Si Menéame se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este debate, Google no se queda atrás y todo el mundo estaba esperando a que se pronunciase al respecto. Finalmente, el pasado viernes 28 de febrero, habló a través de su director de Alianzas Estratégicas para Google Noticias, Luis Collado. En resumidas cuentas lo que Collado venía a decir es que Google News es más beneficioso para los editores de prensa que perjudicial puesto que envía más de 10.000 millones de visitas a los medios de todo el mundo y esto supone una oportunidad comercial para todos los editores puesto que, según sus informes, en 2013 los socios editores de prensa facturaron a través de Google Adsense 9.000 millones de dólares. Además, el comunicado concluye con la manifestación por parte de la compañía americana en “seguir colaborando con muchos editores en diversas iniciativas para aumentar el tráfico a sus sitios web, así como sus ingresos y la implicación de sus lectores o espectadores”.

El ‘Canon AEDE’

La cuestión es: si la prensa gana más con Menéame que el propio agregador enlazando noticias de medios y blogs online, Google afirma lo mismo y, por otro lado, otros agregadores como Flipboard, tampoco se están haciendo de oro ya que aún no están cubriendo todo lo que se ha invertido en ellos, ¿a quién beneficia esta medida? Muchos bloggers, asociaciones, periodistas, etc. se han levantado estos últimos días contra la polémica reforma criticando a los principales medios de comunicación españoles por ser los grandes beneficiados y defendiendo la naturaleza libre y colaborativa de Internet.

Analistas y expertos en medios, como Víctor Sánchez, asesor de Nokia, Telefónica o Motorola, entre otras compañías tecnológicas, señalan como culpables a los grandes grupos del sector de la prensa española por presionar al Gobierno para crear un nuevo marco jurídico que les beneficie: “Cíclicamente han ido apareciendo intentos de los distintos gobiernos para generar unos ingresos extra para un sector que no acaba de levantar cabeza tras el derrumbe de un modelo de negocio nacido a finales del siglo XIX. Unos ingresos para acallar críticas y calmar el frente mediático. En el pasado, para las tasas digitales, el “malo grande” eran los fabricantes de equipos tecnológicos, operadoras y empresas de seguimiento y análisis; en esta nueva fase son los agregadores de contenidos los que sufren este acoso”.

Eduardo Arcos, fundador y CEO de Hipertextual, también acusa a los grandes empresas editoras de la prensa en España calificando a la ‘Tasa Google’ como una medida presionada “desde un gremio periodístico sumamente politizado que logró convencer a un Gobierno para intentar abrir un nuevo grifo de ingresos que nada tiene que ver con el trabajo periodístico o el negocio de los medios de comunicación”. El también editor del medio online sobre actualidad tecnología, ALT1040, clarificaba además que “hay métodos para que webs que no quieran ser enlazadas o indexadas por Google sólo tienen que añadir una línea en el archivo robots.txt o también pueden cobrar por suscripción”. En el caso de que la ‘Ley Lasalle’ se aprobara definitivamente en el trámite parlamentario, Arcos califica como “peligrosa” la nueva situación puesto que aunque no quisieran, cobrarían desde CEDRO la tasa que tendrían que pagarles los agregadores que hiciesen uso de sus contenidos y eso afectaría “a la imagen” de su empresa.

Una de las voces más contrarias a la que él denomina como ‘Canon AEDE’, es Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en el IE Business School y uno de los bloggers más populares de España. Dans prefiere hablar de canon y no de tasa porque “la ‘Tasa Google’ no existe, es una maniobra de intoxicación burda que algunos medios os estáis tragando, y que únicamente pretende llamar así a una estrategia del Gobierno para retribuir mediante un canon a los medios de la AEDE a un supuesto movimiento contra una empresa grande como es Google. Se intenta convencer a los usuarios para que piensen que es una maniobra sólo contra Google y que renuncien a defender a una gran compañía, cuando realmente esta medida va contra la libertad de expresión y la naturaleza de Internet, una barbaridad que criminaliza el derecho a cita”. “En la Red todo enlace ayuda. Te ayuda a ser más relevante, a atraer visitas, a generar presencia, marca y referencia. Llevo años desarrollando una presencia en la red con mi trabajo, y cuanto más me enlazan, me agregan o me copian, mejor me va. Y eso es aplicable a cualquier negocio basado en el contenido. Pero si intentas explicárselo a los medios, te insultan y poco menos que te echan de la sala, se niegan siquiera a pensar sobre ello”, concluye el también asesor de startups y compañías consolidadas con negocio en la Internet.

Cada vez se publican y seguirán apareciendo más artículos y noticias en torno a la ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’, es un huracán imparable pues hay muchos intereses en juego por parte de dos industrias monstruosas: la prensa e Internet. Una vez leídos los datos y opiniones publicados en este reportaje, que cada cual extraiga sus conclusiones. Pero si uno tiene que mojarse, tengo claro que la prensa y la tecnología siguen siendo dos sectores condenados a entenderse, un matrimonio de conveniencia en el que el uno sin el otro no pueden vivir y en el que no existe posibilidad del divorcio. El debate sigue abierto y la guerra no ha hecho nada más que empezar.

Imágenes: Shutterstock

Sobre el autor de este artículo

Juan Calleja

Juan Calleja es periodista. Ha sido redactor jefe en la Fundación porCausa y fue director y cofundador de Babylon Magazine, revista internacional en inglés y en español sobre la actualidad de la cultura hispánica. Es impulsor de Los desmanes del fútbol, proyecto ganador del ‘II Taller de Periodismo de Datos’ organizado por Medialab-Prado. En 2007 ganó el Premio Joven de Comunicación de la UCM por la revista Babel.