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Palma, primera ciudad española en prohibir el alquiler de pisos turísticos

Palma, primera ciudad española en prohibir el alquiler de pisos turísticos

Asfixiados por el yugo de Airbnb y plataformas similares, en Palma han decidido prohibir el alquiler turístico de viviendas desde el próximo mes de julio, De las 11.000 plazas de alquiler actuales, únicamente 645 son legales.

Desde el próximo mes de julio de 2018 los propietarios de un piso o apartamento en Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas salvo contadas excepciones. La capital balear es pionera en adoptar una medida destinada a proteger a los residentes de la ciudad y priorizar el acceso a la vivienda ante la ingente y masiva demanda de uso turístico en Palma, capitaneada por la fiebre Airbnb que vivimos en la presente década y que afecta con gran fuerza a las islas.

Esta decisión, freno para la expansión -normalmente descontrolada y motor de problemas como la gentrificación, la turistificación o la burbuja del alquiler, que generan problemas de vivienda, precariedad y desplazamientos hacia la periferia de los residentes, algo especialmente evidente en ciudades como Madrid o Barcelona- ha sido tomada por la formación de gobierno municipal compuesta por PSOE, Més y Podem.

Gentrificación 2.0 y turistificación, las consecuencias del “efecto Airbnb”

El equipo de gobierno ha encargado previamente diversos estudios y análisis que muestran que la oferta de pisos turísticos no reglados se incrementó un 50% entre 2015 y 2017 hasta copar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. Las elevadas multas de hasta 400.000 euros contempladas en la ley suscitaron la retirada de anuncios hasta que la oferta quedó en las 11.000 actuales. En Palma únicamente 645 de las viviendas ofertadas, un porcentaje ridículo teniendo en cuenta los tres ceros de la cifra, cuentan con la pertinente licencia, por lo que la mayoría son ilegales.

El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha explicado que se pretende “garantizar el derecho constitucional del derecho a la vivienda” a los ciudadanos residentes. Es una iniciativa basada en “los criterios de “convivencia social en los barrios, falta de oferta de alquiler para los residentes y los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras”. Además, se ha tomado en consonancia con la propuesta presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, aprobada el pasado 2017.

Esta medida anunciada, a la espera de la aprobación definitiva el jueves, no afectará a las viviendas unifamiliares -casas aisladas o chalets-, y contará con excepciones en polígonos, suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria. Ahora, esta normativa podría sentar precedente para que otras ciudades sigan su estela y acoten las concesiones para que Airbnb y los pisos vacacionales campen a sus anchas lastrando el alquiler digno y el equilibrio para los vecinos.

Cabe destacar que la reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico en agosto prohibía el alquiler vacacional en pisos, pero delegaba en manos del Ayuntamiento de Palma la opción de delimitar los barrios y zonas autorizados. Finalmente han abogado por considerar la ciudad completa como zona única y mantener la restricción en pisos y apartamentos de todo el territorio con el fin de “proteger al residente”, como subrayaba el alcalde Antoni Noguera. En la actualidad, solamente Barcelona cuenta con alquileres más caros que Palma, ya que el precio medio de los alquileres se ha incrementado un 40% en los últimos años. 

 

Sobre el autor de este artículo

Andrea Núñez-Torrón Stock

Licenciada en Periodismo y creadora de la revista Literaturbia. Entusiasta del cine, la tecnología, el arte y la literatura.