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La justicia europea anula el canon digital español aprobado por el PP

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha tumbado la demanda del Sindicato de Autores que acusaba a la plataforma de libros de Google de violar derechos de autor.
Escrito por Lara Olmo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado el canon digital que entró en vigor en España en 2012 bajo el gobierno del PP, porque pagar con los presupuestos generales a las entidades de derechos de autor es ilegal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado el canon digital aprobado por el gobierno español en 2012 por considerarlo ilegal, ya que el propio Estado no puede ser el que compense a los dueños de los derechos de autor.

Los jueces del Alto Tribunal de la UE han fallado que no se puede sufragar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras, ya que no se asegura que solo paguen por ello quienes hacen esas copias.

Concretamente, el tribunal entiende que la Directiva de la UE se opone al sistema español “en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas“.

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La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una “excepción de copia privada” que incluya una “compensación equitativa“.

Desde 2012, el canon digital por copia privada se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente, “dentro de los límites presupuestarios” establecidos para cada ejercicio.

Pero varias entidades de gestiones de derechos solicitaron al Tribunal Supremo que anulara dicha regulación. Este tribunal, a su vez, consultó a la justicia europea, que ahora da la razón a las entidades gestoras de derechos.

El cambio de modelo se ha traducido en una brutal caída de ingresos para las entidades de gestión de derechos de autor. De alrededor de 100 millones de euros en 2010 y 67 millones en 2011 se pasó primero a los 8,6 millones de euros y después a 5 millones en cada ejercicio, según los datos que han suministrado las sociedades de gestión al Tribunal.

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El Tribunal Europeo asegura que la directiva no se opone a que los Estados de la Unión Europea opten por financiar la compensación con cargo a sus presupuestos (lo hacen Finlandia, Noruega y Estonia), siempre y cuando se garantice el pago a los autores y que estos acaben cobrando.

En España, este método de canon digital ha beneficiado de manera exclusiva a las personas físicas, que son “las que causan un perjuicio a los titulares de derecho” pero, entiende la justicia europea, perjudica a las personas jurídicas.

Las personas jurídicas, como empresas o entidades, no pueden acogerse a esta excepción por copia privada, resalta el fallo. A diferencia de los particulares, si quieren usar contenidos protegidos están obligadas a pagar la licencia.

En casi todos los países europeos la compensación por copia privada deben pagarla las empresas tecnológicas, que son las que realmente se benefician por vender equipos que permiten la reproducción de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Sobre el autor de este artículo

Lara Olmo

Periodista 2.0 con inquietudes marketeras. Innovación, redes sociales, tecnología y marcas desde una perspectiva millenial. Vinculada al mundo startup. Te lo cuento por escrito, en vídeo, con gráficos o como haga falta.