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Delitos de odio en Internet: ¿puede un tuit llevarte a la cárcel?

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Escrito por Eduardo Álvarez

Analizamos la normativa que regula los delitos de odio en Internet para decidir si unos tuits o mensajes en redes sociales pueden tener consecuencias legales.

La libertad de expresión y la de opinión son dos de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de España. Así están recogidas en la Constitución, siendo de los derechos mejor protegidos y garantizados. Sin embargo, a veces se genera confusión sobre los límites del derecho a expresarse y opinar, sobre todo en Internet.

En los últimos años se han producido varios casos muy sonados relacionados con posibles violaciones de este derecho. Básicamente se reducen a mensajes vertidos en redes sociales en los que el derecho a la libertad de expresión de una persona ha chocado contra el derecho al honor de otra. En este caso, hay que sopesar varias circunstancias.

¿Se aplica en Internet la misma ley que fuera de él?

En primer lugar, hay que dejar claro que la ley que regula los delitos de odio y contra el honor en Internet es la misma que fuera de él. La red no es el salvaje oeste ni existe un vacío legal en ella. Si no se persiguen más delitos en el entorno virtual es porque faltan recursos para monitorizarlos e identificar a los delincuentes. Además, muchos usuarios dan por hecho que una infracción virtual queda impune de facto y no interponen denuncias. No es así.

Los delitos de odio están recogidos en el Artículo 510 del Código Penal, y son todos aquellos actos que induzcan a “discriminaciones por razón de etnia, raza, religión o práctica religiosa, orientación sexual, edad, discapacidad, exclusión social, situación de pobreza, diferencia ideológica, etc.”

En los mencionados casos hay que hacer la primera diferenciación entre el mundo offline y el online: la ley contempla el agravante de la publicidad a la hora de establecer las penas. Internet es un escaparate perfecto, por lo que un delito contra el honor cometido en redes sociales cumple a la perfección con este perfil, derivando en penas más altas.

Por hacer un símil fácilmente entendible: si una persona es agredida verbalmente o ve lesionado su honor cuando anda por la calle, tiene derecho a poner una denuncia. En Internet es igual, sólo que primero se debe encontrar al responsable, algo que a veces no es tan sencillo.

Quién se encarga de perseguir los delitos de odio y qué limitaciones tiene

Los llamados delitos de odio, relacionados con el honor o de injurias en Internet son gestionados por la Sala de Criminalidad Informática, encargada de alertar a la Fiscalía para que actúe de oficio. Ésta persigue “aquellos actos que busquen desatar el odio, ya sea indirecta o directamente, la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, parte de él o persona concreta”.

Sin embargo, en el caso de los delitos de injurias, la Fiscalía tiene una clara limitación: no puede actuar a menos que los soliciten los afectados directamente por la infracción. Puede actuar de oficio, eso sí, en los delitos que inciten al odio, como es el ejemplo del enaltecimiento del terrorismo online o de aquellos mensajes que ataquen a un grupo en lugar de a una persona.

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Las palabras recientemente pronunciadas por el Ministro de Justicia Rafael Catalá prueban las limitaciones de la Fiscalía en estos casos. Al respecto de los comentarios vejatorios en Twitter declaró quenadie puede pensar que está al margen de la ley”, aunque aclarando que la Fiscalía sólo podrá actuar si encuentra algún delito o sus familiares interponen una demanda.

Parece fácil, pero no lo es tanto

Si tan claro está que en Internet se aplica la misma ley y existen los organismos encargados de fiscalizar la red, ¿por qué se generan tanta polémica? No es tan fácil como parece. Cada vez que hay conflicto entre varios derechos fundamentales, el proceso legal para ponderar cuál es los dos prevalece es difícil y, casi con total seguridad, muy dilatado.

Primero hay que decidir si un tuit o mensaje constituye efectivamente un delito de odio o contra el honor. El segundo caso no deriva tantas complicaciones, a diferencia del primero. Un insulto o vejación a una persona en concreto es fácilmente identificable, mientras que un mensaje sobre un grupo no lo es tanto.

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Una vez que se identifica la posible infracción, hay que decidir si sobrepasa los límites de la libertad de expresión y opinión. Es donde llegan las complicaciones, aunque distintos jueces y tribunales han dejado claro varias veces que la humillación y el insulto no son protegidos como derechos fundamentales y no lo estarán.

Hay una forma de atenuar e incluso librarse de las consecuencias penales que puede tener un tuit o un artículo en Internet. Es acogerse a la libertad de opinión en lugar de a la de expresión. La interpretación de la primera de ellas es particularmente amplia cuando es un periodista quien lo ejerce, ya que además se suman las libertades de información y de prensa.

Qué se puede esperar en el futuro

La publicidad de la que gozan los distintos casos mediáticos está colocando este asunto en el centro del debate público. Para mucha gente, es la primera vez que los delitos en Internet tienen consecuencias. Esto servirá para alertar a la ciudadanía de que no se puede actuar en la red como si fuera un espacio fuera de la ley.

Otros creen que las autoridades están sobrepasándose en su celo por fiscalizar los delitos de odio, protegiendo el honor por encima de la libertad de expresión. La realidad es que la ley así lo recoge y por lo tanto los jueces deben actuar en consecuencia. Cualquier otra conducta por su parte es impensable ya que sería prevaricar abiertamente.

Si la ley es injusta a la hora de ponderar entre los derechos que entran en conflicto es una cuestión política, no legal. En cualquier caso, los números hablan por sí solos: 1.285 delitos registrados en este informe, algo que preocupa incluso a la Unión Europea.

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Eduardo Álvarez